Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), ha formulado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para verificar si la reciente Ley de Enjuiciamiento Criminal, ratificada el pasado martes por el Consejo de Ministros, cumple con el derecho de la Unión Europea y los principios del Estado de derecho establecidos en el Tratado de la UE.
La modificación introducida en el proceso penal, que representa la revisión más profunda hasta la fecha en España, implica que la instrucción de los casos penales será responsabilidad de los fiscales en lugar de los jueces.
«El texto de la pregunta alerta de que la reforma, que atribuye la instrucción penal al Ministerio Fiscal –cuyo fiscal general es nombrado por el Ejecutivo– y limita el ejercicio de la acusación popular, puede comprometer la independencia judicial, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva», indicó el PP mediante un comunicado.
Además, la pregunta remitida a Bruselas destaca que la Comisión Europea había instado previamente a reforzar la independencia judicial y a avanzar más rápidamente en las reformas contra la corrupción.
«El Gobierno vuelve a jugar con la ley a su antojo y ha aprobado una norma que acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y restringe los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude», criticaron desde el partido.
En este marco, el PP no solo busca determinar si la reforma infringe el Estado de derecho, sino que también ha pedido a la Comisión Europea que confronte al Gobierno español antes de que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2028.
«La independencia judicial no es un asunto que debe decidir el Gobierno, es una exigencia en toda democracia europea. Tenemos que garantizar que ninguna reforma procesal ponga en duda la imparcialidad de los fiscales ni la tutela judicial efectiva que protege a todos los ciudadanos europeos», subrayó Montserrat.
Montserrat también ha denunciado que el Gobierno busca «convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política» y ha calificado como un «grave error» la limitación de la acusación popular, destacando su papel esencial en «destapar grandes casos de corrupción».
Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aseguró que la reforma define más claramente la figura de la acusación popular, excluyendo a los partidos políticos y aclaró que no afectará a los casos ya iniciados antes de 2028, como el procedimiento seguido contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, aunque no mencionó explícitamente este caso.
«Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas», explicó Bolaños.
Actualmente, numerosas causas penales de gran relevancia mediática han surgido o cuentan con la participación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones como acusaciones populares, incluyendo investigaciones contra figuras como Begoña Gómez o David Sánchez, donde participan el PP, Vox, Manos Limpias o Hazte Oír.