El Partido Popular ha presentado una propuesta en el Congreso dirigida a que el Gobierno incentive el comercio local en los municipios que cuentan con instalaciones penitenciarias, mediante un programa específico que incluya ayudas directas, asesoramiento y promoción del sector.
En la propuesta no legislativa, que será debatida en la Comisión de Interior, el PP sostiene que estos municipios enfrentan diversas obligaciones y cargas que, en su opinión, “no siempre vienen acompañadas de una compensación económica justa y equilibrada”.
DESCOMPENSACIÓN FISCAL Y FUNCIONAL
Los centros penitenciarios, al estar bajo la administración estatal y destinados a uso público, están exentos de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), según el artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esto, junto con el uso intensivo de las infraestructuras y servicios municipales, resulta en una “descompensación fiscal y funcional” para muchos ayuntamientos, particularmente aquellos de menor tamaño que no poseen una base económica amplia.
El documento también expone que la presencia de una prisión en un municipio no necesariamente se traduce en beneficios económicos directos, en parte porque muchos empleados no viven localmente, lo que limita su gasto en el área, y porque el flujo de personas asociadas con la prisión (familiares, proveedores, entidades sociales, etc.) no siempre impacta positivamente en la economía local.
Desde la perspectiva de Alberto Núñez Feijóo y su partido, promover el comercio local es crucial para revitalizar la economía de estos municipios, impulsar el empleo, aumentar los ingresos fiscales indirectos y fortalecer la cohesión social.
OTRAS IDEAS
El PP también sugiere colaborar con diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, y comunidades autónomas para fomentar incentivos fiscales, subvenciones y líneas de crédito específicas para el pequeño comercio en estos lugares.
Propone asimismo promover convenios de colaboración entre los ayuntamientos y las instituciones penitenciarias que incluyan en los procesos de reinserción sociolaboral de los internos, oportunidades de prácticas o empleo en negocios locales, cooperativas o redes de economía social.
Finalmente, la iniciativa insta al Gobierno a llevar a cabo campañas de sensibilización y apoyo al consumo local, dirigidas tanto a los residentes como al personal del centro penitenciario y visitantes, además de estudiar métodos de compensación económica estructural para los municipios que albergan prisiones, reconociendo el esfuerzo municipal en servicios e infraestructuras no compensadas fiscalmente.