El Partido Popular ha requerido al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización exhaustivo sobre los acuerdos entre el Gobierno y Huawei en el quinquenio pasado.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado que el Gobierno ha otorgado contratos de servicios ‘sensibles’ a firmas chinas, como Huawei o Hikvision, que abarcan desde escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras en la frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, ‘prácticas que suponen un riesgo de espionaje’, según declaró este sábado a los medios.
Por esta razón, el Partido Popular también ha requerido la presencia de los ministros José Manuel Albares (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para que expliquen esta situación, además de la comparecencia ‘del máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que dé explicaciones sobre estos contratos’.
‘Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno’, enfatizó Bravo.
Además, resaltó la Proposición de Ley presentada por el PP en el Senado para considerar el sistema alimentario como un sector estratégico y vital para la economía: ‘Nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector pesquero necesitan ese apoyo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en materia de aranceles en el ámbito internacional’.
Esta iniciativa también pretende garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria, especialmente en situaciones críticas de crisis, y proporcionar las herramientas necesarias para la sostenibilidad y la rentabilidad del sector agrícola, ganadero y pesquero y sus empresas.
Por otro lado, criticó los intentos de Salvador Illa, presidente de la Generalitat catalana, de ‘tapar’ la financiación especial de los separatistas con temas como el ‘dumping’ fiscal. ‘Esos son los argumentos que utilizan para intentar desviar la atención hacia lo realmente importante, que es que los españoles estamos sufriendo un auténtico infierno fiscal’, subrayó.
Destacó que, comparando el año 2024 con 2018, ‘el conjunto de españoles ha pagado 140.000 millones más en impuestos y cotizaciones sociales; si se analizan los seis primeros meses con datos de la Agencia Tributaria –entre impuestos y cotizaciones–, han pagado otros 18.000 millones más; y, si se hace una proyección a final de año, se hablará de 170.000 millones de euros más que pagarán los españoles en el año 2025 en comparación con el 2018’.
‘Tenemos que trabajar en mejorar el poder adquisitivo y la renta del conjunto de los españoles, abandonar este infierno fiscal y hacer una reforma que lleve una rebaja de impuestos’, sentenció Bravo.