En el debate plenario del Congreso, el PP y Vox manifestaron su oposición a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), impulsada por el Consejo de Ministros, la cual, según indican los ‘populares’, representa un “asalto a la Justicia” y una forma de “controlar la acción penal” por parte del Gobierno. Junts también se ha unido a las críticas, sugiriendo que la reforma perpetúa el uso de la justicia como herramienta y el dominio sobre la Fiscalía.
Las tres agrupaciones, que poseen la mayoría absoluta en el Congreso y cuentan con los votos necesarios para derribar la propuesta del ministro Félix Bolaños, utilizaron el debate de una propuesta del PP sobre la custodia de datos personales en la Fiscalía para expresar su descontento con la ley.
En su intervención, Cuca Gamarra del PP alertó que el nuevo proyecto de LECrim otorga la dirección de los procedimientos penales al Ministerio Fiscal, “dependiente del Ejecutivo”, lo cual considera un “paso crucial en una estrategia de asalto a la Justicia”. “Pedro Sánchez ha dado orden de limpiar sin límites las evidencias de su corrupción y la única forma de hacerlo es mediante el poder, desde el BOE”, declaró.
Por parte de Vox, el diputado José María Sánchez cuestionó el proyecto porque “excluye” a sindicatos y partidos políticos del ejercicio de la acción penal. Mientras tanto, desde Junts, Josep Pagés i Massó criticó que el nuevo modelo “perpetúa la instrumentalización política de la Fiscalía y la judicatura”. “Mucha retórica modernizadora, pero el proyecto del ministro Bolaños mantiene una herramienta de control político sobre la justicia y consolida esa subordinación jerárquica”, expresó.
En contraposición, el diputado socialista Francisco Aranda defendió la reforma alegando que otorgar la instrucción penal a la Fiscalía “pone fin a una anomalía histórica en Europa”. “Por fin se actualiza una ley de 1882 para adecuar el proceso penal al siglo XXI. La nueva ley moderniza la justicia y refuerza las garantías procesales, no las debilita.”, afirmó.
Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, respaldó la reforma y criticó al PP por “pretender mantener la excepción española en la instrucción penal”, que tradicionalmente dirige el juez y no el fiscal. “El anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros corrige una ley de 1882 y refuerza las garantías de los ciudadanos”, señaló.