PP y Vox centrarán su ofensiva en la próxima sesión de control en el Congreso contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento sugiere conexiones entre Torres, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quienes estarían implicados en una operación irregular durante la crisis sanitaria.
Según el informe difundido la semana anterior, Torres habría solicitado “pagos pendientes” para Soluciones de Gestión, empresa supuestamente favorecida con contratos irregulares de mascarillas, y habría mantenido reuniones con De Aldama. “Estoy encima de tu pago”, le comunicó a Koldo García, exasesor cercano a José Luis Ábalos, destacando la posible “influencia” de García en estas gestiones.
En respuesta a estos hechos, tanto PP como Vox han preparado una serie de preguntas y una interpelación al ministro. Estas acciones parlamentarias podrían culminar en una moción para solicitar la reprobación de Torres la semana posterior. Cuca Gamara, del PP, y Pepa Rodríguez de Millán, de Vox, serán algunas de las voces que cuestionarán la continuidad de Torres en su cargo, además de indagar sobre su participación en la mencionada trama.
El ministro Torres, por su parte, defendió la legalidad de sus actos en una conferencia de prensa, negando cualquier delito durante su mandato en Canarias y describiendo el informe de la UCO como carente de evidencia sobre actividades ilícitas. “La UCO traslada ese informe a la autoridad judicial. A diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún añadido ni párrafo en el que la UCO demande y pida que haga una investigación a nadie del Gobierno de Canarias o a mí”, aclaró Torres.