Este martes, el PP y Vox buscarán poner fin a la reforma del Reglamento del Congreso impulsada por el PSOE y sus colaboradores, la cual fue propuesta hace algunas semanas con el fin de imponer sanciones a los periodistas acreditados que interfieran en las tareas parlamentarias y de prensa en la Cámara, y que son etiquetados como «pseudoperiodistas». Los partidos opositores argumentan que las actuales normas del Congreso ya confieren a la presidencia de la Cámara las facultades necesarias para asegurar el orden público dentro de las instalaciones parlamentarias.
La mencionada reforma, que fue registrada tras varios incidentes con periodistas de medios digitales enfrentándose a políticos y otros periodistas, busca regular la renovación de las credenciales de prensa y establecer un sistema de sanciones aplicable a aquellos acreditados que afecten negativamente la actividad institucional o el desempeño de otros medios.
Con este proyecto, el PSOE junto con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, intentan atender las demandas de varios grupos de periodistas que solicitan medidas para «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo». Su principal objetivo, según destacan, no es limitar la labor informativa, sino tomar acciones contra «activistas de ultraderecha» que participan en conferencias de prensa.
La reforma también propone la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, compuesto por un miembro de cada grupo político y representantes de los colectivos profesionales, que podrá sugerir sanciones contra periodistas acreditados, aunque la decisión final recaerá en la Mesa del Congreso.
El respeto a «las reglas de cortesía parlamentaria» y las normas establecidas por la Mesa serán obligatorias para los periodistas acreditados. Las infracciones a estas directrices podrían resultar en sanciones, que podrían ir desde la suspensión temporal hasta la revocación definitiva de las credenciales.
La propuesta fue considerada por el Pleno del Congreso el 20 de mayo, y se solicitó su tramitación urgente. Recientemente, obtuvo el respaldo de 178 diputados, superando la mayoría necesaria para convocar las sesiones parlamentarias requeridas para su aprobación este verano, con el objetivo de que esté en vigor para el próximo periodo de sesiones.
Este martes se debatirán y votarán en el Pleno del Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, que fueron los partidos que, junto con UPN, votaron en contra de la admisión a trámite de la reforma.
Por otro lado, Vox busca eliminar el uso de las lenguas cooficiales recién introducidas esta legislatura, entre otras medidas. Con los apoyos anunciados, parece probable que el Congreso desestime las propuestas alternativas de PP y Vox, permitiendo que la reforma del PSOE y sus aliados continúe su proceso. Los textos se debatirán a puerta cerrada el día 14 y el debate público en la Comisión de Reglamento se realizará el día 17, esperando que el dictamen se vote en el ‘Pleno escoba’ previsto para el 22 de julio.