Este martes, el PP y Vox buscarán detener la modificación del Reglamento del Congreso, que fue propulsada por el PSOE y sus aliados hace unas semanas. Dicha reforma busca imponer sanciones a los periodistas acreditados que interfieran en las operaciones parlamentarias y de prensa, a quienes califican como «pseudoperiodistas»; los partidos de la oposición argumentan que las normativas actuales del Congreso ya confieren poderes suficientes a la presidencia para mantener el orden en las instalaciones parlamentarias.
La modificación, que se registró tras varios incidentes con periodistas de medios digitales confrontando a políticos y otros periodistas, pretende regular la renovación de credenciales y establecer un sistema sancionador para aquellos que afecten negativamente la actividad del Congreso o el trabajo de otros medios.
Con esta reforma, el PSOE, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, desea atender las demandas de diversos grupos de periodistas que solicitan medidas para «evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo». El objetivo, según afirman, no es limitar el trabajo periodístico sino dirigirse contra «activistas de ultraderecha» que participan en conferencias de prensa.
La reforma también introduce un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de colectivos de periodistas, que podrá sugerir sanciones, aunque la decisión final recaerá en la Mesa del Congreso.
Se exigirá a los periodistas acreditados cumplir con «las reglas de cortesía parlamentaria» y las directrices de la Mesa. Quienes no respeten estas normas podrían enfrentarse a sanciones, que incluyen la suspensión o revocación definitiva de las credenciales.
La proposición de ley fue considerada por el Pleno del Congreso el 20 de mayo, y sus promotores solicitaron un trámite urgente para su aprobación durante este verano. Este martes, se debatirán y votarán las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, que fueron los partidos, junto con UPN, que inicialmente rechazaron la tramitación de la reforma.
La alternativa del PP, según Europa Press, propone eliminar la regulación sobre las acreditaciones de prensa y sostiene que la Presidencia del Congreso ya tiene la autoridad necesaria para «adoptar cuantas medidas considere oportunas», incluyendo la expulsión de quienes alteren el orden. Vox, por su parte, presenta una enmienda para eliminar el uso de lenguas cooficiales y otras medidas en su propuesta de reforma del reglamento.