El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros la reforma del Reglamento de Extranjería para impulsar una regularización extraordinaria de al menos 500.000 personas migrantes,
Una medida pactada con Podemos y que ya ha generado una respuesta frontal del Partido Popular y Vox, que han anunciado una batería de recursos en el plano nacional y europeo para frenar la iniciativa, y que se suma al rechazo que ambas formaciones llevan expresando contra la norma desde que fuera anunciada.
El PP defiende un enfoque migratorio basado en el "orden y la legalidad"
Desde el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha advertido en rueda de prensa de que su formación utilizará “todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos” disponibles en España y en la Unión Europea para frenar lo que considera una “barbaridad”. “No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico que el PP no vaya a utilizar para denunciar esta decisión”, ha subrayado.
Ezcurra ha defendido un enfoque migratorio basado en el “orden y la legalidad”, rechazando tanto los “brazos abiertos sin orden” como los “puños cerrados sin compasión”. En su intervención, ha insistido en que “el que viene a aportar será bienvenido, el que delinca se tendrá que ir”, y ha cuestionado que el Ejecutivo impulse una medida sin concretar aún “cuántas personas se regularizan, quiénes son o cuál es su situación legal y penal”.
El PP sostiene además que la iniciativa no ha contado con consenso institucional y asegura que ha sido rechazada por el Senado, varias comunidades autónomas gobernadas por su partido y, según su versión, también por instancias consultivas europeas. La formación acusa al Gobierno de generar un “efecto llamada” que podría incentivar la inmigración irregular y “favorecer a las mafias”.
La batalla también llega a la UE
El PP ya ha trasladado la cuestión a la Comisión Europea, solicitando que analice su encaje con la normativa comunitaria. En el Parlamento Europeo, la eurodiputada 'popular' Dolors Montserrat ha advertido de posibles riesgos de “efecto llamada” y de la “potenciación de las mafias de trata”.
Mientras tanto, comunidades gobernadas por los populares han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional, en un frente institucional que se amplía ahora con el anuncio de Vox ante el Supremo.
Vox llevará la medida ante el Supremo
Por su parte, Vox ha anunciado que llevará la medida ante el Tribunal Supremo y pedirá su suspensión cautelar en cuanto sea aprobada. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha acusado al Ejecutivo de impulsar lo que considera una “institucionalización de la invasión migratoria” y ha criticado que se tramite mediante decreto.
La formación de Santiago Abascal sostiene que la regularización supondrá un “colapso de los servicios públicos” y ha avanzado una campaña política para denunciar su impacto económico y social. Además, Vox insiste en su planteamiento de “los españoles, primero”, defendiendo restringir el acceso a ayudas a quienes no hayan contribuido previamente al sistema.
Coincidiendo con la aprobación del decreto que pretenden recurrir ante el Supremo, Vox lanzará este martes una campaña específica para denunciar "el coste" y las "consecuencias" de lo que define como una "invasión migratoria, promovida y financiada" desde hace años tanto por el PSOE como por el PP.
El Gobierno defiende la medida como una regularización ordenada
El Ejecutivo, por su parte, justifica la reforma como una vía para sacar de la irregularidad a cientos de miles de personas ya residentes en España, tomando como referencia procesos similares en el pasado, como el de 2005. El decreto evitará su paso por el Congreso, lo que ha sido uno de los principales puntos de crítica de la oposición.
Desde el Gobierno se defiende que la medida busca “ordenar la situación administrativa” de estos migrantes y reducir la economía irregular, además de reforzar la integración laboral y social.