El Congreso ha rechazado este martes, con los votos de PP, Vox y Junts, la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que buscaba incorporar de forma sistemática la evaluación del impacto de las políticas públicas sobre la juventud. La iniciativa sí ha contado con el respaldo del resto de grupos parlamentarios.
Durante el debate, tanto PP como Vox habían adelantado su voto en contra, mientras que Junts, a través de la diputada Pilar Calvo, ya había dejado entrever que tampoco apoyaría el texto, al subrayar que los jóvenes “no piden informes, piden casa, trabajo y futuro”.
Youth Test: instrumento para examinar cómo afectan las medidas del Gobierno a los jóvenes
La proposición socialista planteaba modificar la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, de forma que ese análisis incorporase de manera específica el impacto en la juventud e incluyese el denominado Youth Test, un instrumento promovido en el Foro Europeo de la Juventud y ya operativo en países como Alemania, Austria o Italia. La finalidad es examinar cómo repercuten las medidas del Gobierno en las personas jóvenes y abrir cauces para su participación.
El diputado del PSOE Víctor Camino, encargado de defender el texto, ha argumentado que poner en marcha indicadores como el Youth Test para que la toma de decisiones incorpore una “mirada generacional” supone una decisión clave sobre “la calidad de la democracia”.
Según ha expuesto, “implementar el Youth Test, surgido en el Foro Europeo de la Juventud y que ya funciona en Alemania, en Austria y en Italia con diferentes matices, podría acreditar, por ejemplo, cómo la subida del salario mínimo a 1.221 euros o la reforma laboral afectan directamente a los jóvenes”.
Camino ha detallado que este mecanismo “evalúa el diseño de cualquier política pública, abre la participación a través de consultas regladas, identifica las consecuencias en grupos vulnerables, publica los resultados en un lenguaje claro y accesible y, en definitiva, hace que la juventud salga de ese laberinto paternalista que dicta que los jóvenes solo pueden opinar de ámbitos tradicionalmente asociados a los jóvenes”.
El socialista ha vinculado además la propuesta con la necesidad de “combatir la desinformación y la desafección política” entre la población joven, defendiendo que “la verdadera revolución en democracia se hace con el Boletín Oficial del Estado” y reclamando el apoyo de la Cámara para “poner cifras frente al odio y construir un país en el que quepan todas las generaciones”.
Críticas de Vox y PP a la propuesta socialista
En el turno de portavoces, el diputado de Vox Manuel Mariscal ha calificado la iniciativa de “estafa a los jóvenes” y ha acusado al Ejecutivo de empujar a la juventud a una “espiral de precariedad” a raíz de la reforma laboral.
También ha denunciado que, con la regularización extraordinaria de migrantes, el Gobierno habría lanzado “un ultimátum” a los jóvenes: “O paro o precariedad. Y si eligen paro no pasa nada, porque los van a reemplazar por jóvenes extranjeros que sí que son capaces de admitir esa precariedad”, ha manifestado Mariscal. A su juicio, lo que necesitan los jóvenes es “empleo, acceso a la propiedad y seguridad”, por lo que ha anunciado el voto en contra de su grupo porque “los socialistas han estafado a los jóvenes”.
Desde Vox han insistido en que “han trabajado de espaldas a los jóvenes españoles. Ustedes han acabado con la inercia histórica de que los hijos viviesen mejor que sus padres”.
En la misma línea, la diputada del PP Beatriz Álvarez ha rechazado la proposición al sostener que en España no hay “un problema de faltas de diagnósticos”, sino “de resultados”.
Álvarez ha añadido que “cuando un Gobierno normaliza el nepotismo, la opacidad, la falta de responsabilidades, lo que se deteriora no es solo la política, se deteriora la confianza, se deteriora la esperanza y aparece algo mucho más peligroso, la frustración”. “La sensación de que por mucho que nos esforzamos, no avanzamos”, ha concluido.
Apoyos de Sumar, PNV y BNG y reclamación de más medidas
Por parte de Sumar, el diputado Nahuel González ha anunciado el respaldo de su grupo a la toma en consideración, defendiendo que medir el impacto en la juventud puede servir para “dejar de legislar a ciegas” y convertir a los jóvenes en “criterio” y no en un “simpático apartado”.
No obstante, Sumar ha reclamado al PSOE que acompañe esta evaluación con políticas “valientes”, sobre todo en materia de vivienda, a la que ha definido como “el problema estructural de los jóvenes”. “El PSOE muchas veces, y desde el Gobierno, no muestra la valentía necesaria y se dedica más a comunicar que a aplicar políticas reales que necesitamos todas y todas”, ha señalado González.
El PNV también ha avanzado su voto favorable, aunque ha afeado al Ejecutivo el retraso en impulsar la reforma, recordando que en mayo de 2024 ya se aprobó en la Comisión de Juventud e Infancia una proposición no de ley en esta línea. La diputada Nerea Rentería ha destacado que Euskadi cuenta desde 2022 con una ley propia de juventud que ya prevé mecanismos específicos de evaluación.
En términos similares, Néstor Rego, del BNG, ha considerado positiva la evaluación, pero ha advertido de que antes deben existir “políticas públicas eficaces” en ámbitos como empleo, vivienda o transporte dirigidas a la juventud, para que estos instrumentos tengan un efecto real.