El PP y UPN defenderán la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y extender los supuestos en los que se contempla la pena de prisión permanente revisable. La iniciativa incorpora dos nuevos escenarios: que el condenado haya hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no explique dónde se encuentra, y que el autor ya hubiera sido sentenciado antes como responsable de un delito de asesinato.
Una propuesta con el mismo objetivo ya se debatió hace cuatro años en el Congreso, impulsada entonces por PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y dos exdiputados de UPN. Aquel texto llegó a la Cámara a instancias de Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven asesinada en 2019 en una localidad valenciana y cuyos restos siguen sin aparecer por la falta de explicaciones de su homicida confeso. La reclamación contó también con el respaldo de las familias de Diana Quer y Marta del Castillo.
Tras ese primer debate, la toma en consideración de la reforma salió adelante con el apoyo adicional de Vox y del PSOE, que advirtió de que introduciría cambios mediante enmiendas. Sin embargo, el proyecto quedó interrumpido, no completó su tramitación parlamentaria y las Cortes terminaron disolviéndose.
Medio centenar de condenas de prisión permanente revisable
En la nueva proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, PP y UPN plantean retocar el apartado 1 del artículo 140 del Código Penal añadiendo dos supuestos más. Actualmente, la prisión permanente revisable se reserva para asesinatos de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, homicidios cometidos tras delitos sexuales, crímenes vinculados a organizaciones terroristas, genocidio y el asesinato del Rey o de jefes de Estado extranjeros.
Desde su incorporación al ordenamiento penal español mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy frente al rechazo de los partidos de izquierda, los tribunales han dictado esta pena máxima en alrededor de medio centenar de ocasiones, “todos ellos de gran repercusión en la opinión pública por las circunstancias de especial crueldad de los delitos objeto de enjuiciamiento.
Los grupos proponentes sostienen que la ciudadanía “mayoritariamente a favor” de mantener esta sanción para los delitos más graves y apuntan que cerca del 80% de los españoles respalda la medida, que se aplica desde hace más de diez años.
Además, recuerdan que, tras el aval del Tribunal Constitucional en 2021, mediante una sentencia que concluye que la prisión permanente revisable no vulnera la finalidad reeducadora de las penas, consideran oportuno “profundizar en los efectos de prevención general y prevención especial en algunas figuras del delito de asesinato”.
Ocultar el cadáver, un “dolor añadido” para las familias
Respecto a la ocultación del cuerpo, PP y UPN argumentan que, a la propia pérdida de la vida, se suma el sufrimiento que provoca en los allegados la imposibilidad de recuperar los restos de la víctima para celebrar las honras fúnebres, lo que constituye “un dolor añadido” para los familiares. A su juicio, cuando el autor se niega a indicar dónde está el cadáver incurre en una conducta que concurre con el asesinato y que persigue causar “un daño concreto y específico” a las personas cercanas a la víctima.
Por ello, el texto defiende que este comportamiento debe recibir una respuesta penal más severa y añade que la prisión permanente revisable podría servir también como incentivo para que el condenado revele el paradero del cuerpo, incluso una vez sentenciado, ya que esa colaboración podría beneficiarle en una eventual suspensión de la pena tras cumplir veinticinco años de prisión efectiva, en los términos previstos en el artículo 92.1.c) del Código Penal.
Herramienta de prevención especial frente a la reincidencia
En relación con la reincidencia, la proposición subraya que, aunque la pena por asesinato es muy alta, cabe la posibilidad de que el penado recupere la libertad gracias a beneficios como la suspensión de la condena o los permisos penitenciarios. En ese contexto, la comisión de un nuevo asesinato “justifica el uso de la prisión permanente revisable como instrumento de prevención especial respecto del delincuente que encuentra en esas circunstancias plena justificación”.
En esta línea, PP y UPN señalan que “sorprende a los ciudadanos ver casos en los que un delincuente ya condenado por asesinato en el pasado vuelve a cometer tal delito al encontrarse de nuevo en libertad” y remarcan que la repetición de un crimen de estas características pone de manifiesto “una tendencia criminal de la que la sociedad tiene el legítimo derecho a precaverse”.