El síndic del GPP en Les Corts, Fernando Pastor, ha reclamado a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, “rotundidad” para exigir al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, que presente su dimisión como máximo responsable municipal y que “no se conforme solo con su renuncia a los cargos orgánicos en el partido”.
Pastor se ha pronunciado así este sábado, después de que Toni González haya abandonado todos sus cargos internos y haya solicitado la suspensión cautelar de su militancia en el PSOE, un día después de que el partido abriera una investigación a raíz de una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por “eldiario.es” y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas. La denuncia fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos tanto ante el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa, y la información apunta a que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.
El portavoz popular ha pedido a Morant “la misma contundencia que tiene para pedir otras dimisiones, que la aplique con la misma energía cuando se trata de miembros de su federación”. A su juicio, “es una burla esta dimisión en falso” porque supone “una falta de respeto incluso al propio feminismo del que tantas lecciones ha dado Morant”.
“Que Toni González únicamente dimita de sus cargos dentro del PSPV, pero se mantenga como alcalde es una auténtica tomadura de pelo que no se merecen los vecinos del municipio”, ha insistido Pastor, antes de añadir: “El asunto es lo bastante serio como para que dé un paso al lado y deje a la Justicia hacer su trabajo”.
El dirigente del PPCV ha considerado “llamativo cómo Morant dice que en el PSOE actúan de manera inmediata cuando únicamente se han movido después que los escándalos hayan salido a la luz, si no, todavía seguirían tapando bajo una manta todas las denuncias que estamos conociendo estos días”.
En este sentido, ha subrayado que “tanto Rebeca Torró como Pilar Bernabé –secretaria de Organización y secretaria de Igualdad del PSOE respectivamente–, dos de las socialistas con más peso en la ejecutiva de Sánchez, eran conocedoras desde hace meses de las denuncias contra Salazar y, sin embargo, lo protegieron”.











