Primera votación del año y primera derrota. El Congreso tumbó este martes el decreto-ley ómnibus, con la subida de pensiones públicas y la última prórroga del llamado ‘escudo social’, que incluye descuentos en el bono social, la prohibición de corte de suministros básicos y la moratoria ‘antidesahucios’.
Es precisamente esta última medida sobre la que han justificado PP y Junts su voto en contra, al considerar que la medida legitima la ocupación ilegal de viviendas.
En la votación, PP, Vox y Junts rechazaron el decreto-ley, frente al voto a favor del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, Compromís, BNG y Coalición Canaria.
Además de las medidas citadas, el decreto-ley derogado contemplaba una batería de incentivos fiscales para afectados por la DANA de Valencia y los incendios, y la movilidad eléctrica. También la actualización de medidas de Seguridad Social. Estas son las medidas derogadas por el Congreso.
PP y Junts han defendido durante el debate que apoyarían la subida de pensiones en un decreto-ley específico, pero no aceptarían una prórroga más de la suspensión de desahucios. Atribuyen esta medida –que requiere de la decisión de un juez, y sólo si se acreditan situaciones de vulnerabilidad—a una legitimación de la ocupación ilegal de viviendas.
El año pasado sí lo avalaron
La moratoria 'antidesahucios' cae tras casi seis años de vigencia, con la incógnita de si el Gobierno será esta vez capaz de salvarla. El año pasado, el PP y Junts acabaron votando a favor, a la segunda, en idénticos términos a los planteados ahora.
El discurso de Junts es, sin embargo, mucho más duro ahora al vincular las salvaguardas con la ocupación ilegal. E incluso el PNV, que ya venía expresando sus reservas al respecto en anteriores prórrogas, ha sido explícito al expresar su rechazo a la medida, aun validando el decreto-ley.
El Gobierno, por su parte, trata de allanar una posible prórroga con la dotación presupuestaria de una de las medidas pactadas con Junts: los avales públicos para cubrir posibles impagos de las rentas a los caseros. El Consejo de Ministros aprobó destinar este mismo martes 300 millones de euros a esta línea de avales.
Respuesta de los colectivos sociales
Tras conocer el rechazo de la Cámara, colectivos por el derecho a la vivienda han avanzado movilizaciones para exigir un nuevo decreto-ley.
Los sindicatos de inquilinas han convocado una concentración este miércoles a las puertas del Congreso a las 18:30 horas, exigiendo una nueva moratoria y la prórroga automática y generalizada de los contratos de alquiler, para evitar renovaciones al alza.
Ya antes de la votación, estos sindicatos, la PAH y colectivos de pensionistas habían exigido apoyo al decreto-ley, anticipando que, de caer la moratoria, se ponía en riesgo a 60.000 familias cuyos procedimientos de lanzamiento se verían reactivados.
Las ayudas al transporte, salvadas
El Gobierno pudo salvar, eso sí, las ayudas al transporte y el nuevo abono único de 60 euros en el que busca incorporar cualquier servicio de transporte de todo el país.
Votaron a favor de la medida todos los grupos a excepción del PP, que se abstuvo, y Vox, único partido que votó en contra de prorrogar los descuentos.
La votación se produjo en plena crisis ferroviaria, desencadenada tras la tragedia de Adamuz y la muerte, horas después de otro maquinista en prácticas en otro siniestro, este en la red de Rodalies.
Fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el que defendió también el decreto-ley de ayudas. Antes había pedido, sin éxito, el apoyo al decreto-ley ómnibus. El titular de Transportes, Óscar Puente, se encontraba en esos momentos dando una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros.
La continuidad de la medida estuvo en el aire hasta el momento de la votación, ya que muchos grupos se resistieron a confirmar su voto. Tras un discurso muy duro contra la política ferroviaria del Gobierno y su gestión de la crisis, el PP decidió abstenerse para garantizar la convalidación.