El Ejecutivo ha admitido que, desde 2022, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha observado un incremento en el registro de agresiones leves a funcionarios, atribuyendo este fenómeno a un seguimiento más detallado de estos incidentes. Ahora se incluyen actos como empujones, manotazos, agarrones, arrojo de líquidos/objetos y escupitajos, que anteriormente no se contabilizaban como agresiones sin lesiones.
Según un comunicado dirigido a Vox y al que ha tenido acceso Europa Press, la dependencia del Ministerio del Interior asegura que los trabajadores penitenciarios están adecuadamente equipados con “elementos de protección personal e intervención adecuados” para enfrentar estas situaciones. Además, se ha enfatizado que todos los centros penitenciarios operan bajo estrictos protocolos de seguridad y procedimientos para gestionar incidentes, incluyendo medidas preventivas y protocolos de intervención.
SE REDUCE A LA MITAD LOS PRESOS EN PRIMER GRADO
Vox ha planteado preguntas sobre el estado general de las prisiones y sobre incidentes específicos, como las severas agresiones ocurridas en el centro penitenciario de Sevilla II, en Morón de la Frontera, donde se han reportado cuatro agresiones de extrema gravedad en dos meses. El partido también ha relacionado estos hechos con la disminución de presos en primer grado, un régimen que limita severamente las horas que los internos pueden pasar fuera de sus celdas. En respuesta, el Gobierno ha señalado que la cantidad de presos en primer grado ha descendido a la mitad desde 2018, situándose en 506 en septiembre de 2025.
Además, frente a las inquietudes sobre la tasa de reincidencia, el Gobierno remitió a un estudio del Ministerio del Interior que indica que el 80% de las 19.909 personas liberadas en 2009 no regresaron a prisión después de cumplir su condena.