Este martes, el Congreso de los Diputados debatirá una propuesta de ley orgánica presentada por Esquerra (ERC), Bildu, el PNV, el BNG, Compromís y miembros de Sumar, como los Comuns y Mes per Mallorca. Estos grupos, aliados del Gobierno, buscan que los textos escritos en catalán, euskera, gallego o valenciano tengan carácter oficial ante cualquier entidad administrativa en España, sin la necesidad de ser traducidos al castellano.
La proposición, liderada por 22 diputados de seis fracciones parlamentarias, es impulsada como respuesta a lo que consideran un “desequilibrio y error histórico” que privilegia al castellano en el entorno institucional del país, según detalla la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía.
Redactada por Joan Ridao, ex portavoz de ERC, la iniciativa recalca la falta de aplicación efectiva del artículo 3.3 de la Constitución, que protege la diversidad lingüística, y menciona que aún existen normas que “penalizan la doble oficialidad”. El objetivo central de la propuesta es asegurar que los ciudadanos puedan interactuar con la justicia, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquier lengua oficial, garantizando su validez legal.
La reforma prevé cambios significativos en la Administración de Justicia, incluyendo la obligatoriedad del conocimiento de la lengua cooficial para ciertas plazas y la aceptación de documentos judiciales en estas lenguas sin necesidad de traducción. Además, propone la adaptación de los procedimientos administrativos y plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.
NORMA VEHICULAR EN LA EDUCACIÓN
En educación, la ley propone que la lengua propia de cada comunidad sea la principal en la enseñanza, con el fin de que los estudiantes dominen tanto esta como el castellano al concluir la educación básica. Además, la ley plantea integrar criterios lingüísticos en la contratación pública y en sectores como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual.
Los promotores de la ley abren la puerta a otras formaciones para sumarse a la iniciativa, aunque inicialmente Junts ha declinado participar. Los socialistas, por otro lado, están considerando apoyar la propuesta, aunque admiten que ciertos aspectos, especialmente los relacionados con el Poder Judicial, les resultan complicados.