El Partido Popular propondrá en el próximo Pleno del Congreso una reforma legal destinada a cambiar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Buscan que el encargado de la protección de datos personales de la entidad no esté subordinado al fiscal general del Estado.
La propuesta busca reinstaurar un método de selección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, en vez de la actual designación directa que realiza el fiscal general, Álvaro García Ortiz, una práctica instaurada en la reciente Ley de Eficiencia de la Justicia.
Según la iniciativa del grupo Popular, presentada en abril, el responsable de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos se seleccionaría entre juristas con no menos de 15 años de experiencia y conocimientos demostrables en protección de datos. Este cargo tendría una duración de cinco años, sin posibilidad de renovación, y solo podría ser destituido por incapacidad o falta grave, determinada por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal.
Esta proposición de ley, según informa Europa Press, pretende volver al sistema anterior a la reforma que, de acuerdo con el Grupo Popular, “garantizaba la independencia y neutralidad” del encargado de supervisar los datos en el Ministerio Fiscal.
LA CLAVE DEL BORRADO DE DATOS DEL MÓVIL DE GARCÍA ORTIZ
El debate legislativo ocurre simultáneamente con la investigación del Tribunal Supremo hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que enfrentará un juicio en noviembre acusado de revelar secretos por supuestamente filtrar un email sobre un presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Durante la investigación, se concluyó que García Ortiz no conservaba en su móvil ningún registro de conversaciones o emails vinculados a González Amador. Desde la Fiscalía se indicó que esto se debe a que el fiscal general sigue un protocolo de protección de datos que incluye el borrado sistemático del contenido de su teléfono.
En el juicio, Agustín Hidalgo, actual responsable de protección de datos de la Fiscalía, está citado a declarar después de que el juez del caso solicitara copia de la normativa interna del Ministerio Fiscal sobre el uso de móviles y correos para verificar que este borrado de datos fue adecuado.
Hidalgo, quien fue nombrado en su cargo en junio de 2020 bajo el mandato de Dolores Delgado y con el apoyo de la Asociación de Fiscales, concluirá su mandato pronto. Bajo la normativa vigente, el nuevo responsable podría ser designado directamente por Álvaro García Ortiz sin requerir la aprobación del Consejo Fiscal, como se hacía anteriormente.
El PP argumenta que la reforma impulsada por el Gobierno ha transformado una autoridad independiente en una mera unidad de la Fiscalía General del Estado y exige un proceso transparente y conforme a los principios constitucionales y europeos de protección de datos.