Este martes se reúne la ponencia de la Proposición de ley sobre multirreincidencia en el Senado y, acto seguido, la Comisión de Justicia prevé dar luz verde al texto. El PSOE ha impulsado una enmienda para endurecer las penas por el uso de electricidad para alimentar cultivos ilegales de drogas, como por ejemplo, marihuana. Los socialistas están negociando para que el PP la acepte y pueda incorporarse al articulado.
El Grupo Socialista en el Senado plantea añadir un nuevo apartado 3 al artículo 255 del Código Penal de manera que se castigue con penas de prisión de seis a 18 meses o multa de 12 a 24 cualquier fraude que se cometa con la finalidad de abastecer de energía eléctrica instalaciones utilizadas para el cultivo de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas, independientemente de la cuantía defraudada.
Desde el PSOE argumentan que el subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico responde a la necesidad de exigir un “mayor reproche penal” a las vinculadas a delitos contra la salud pública; con especial atención a los cultivos indoor de marihuana, que es donde de forma más frecuente se cometen.
“El escandaloso aumento de estas plantaciones de marihuana en todo el territorio español ha incrementado de forma exponencial los enganches ilegales al suministro eléctrico, siendo insuficiente la respuesta penal que prevé el vigente artículo 255 del Código Penal, donde solo se contemplan penas de multa de hasta doce meses”, abundan.
Añaden, no obstante, que, atendiendo al principio de proporcionalidad de las penas y a las previstas en el artículo 368 del Código Penal para los delitos contra la salud pública relacionados con sustancias que no causan grave daño —castigados con penas de uno a tres años de prisión—, se considera adecuado introducir una pena de prisión de seis a dieciocho meses, similar a la prevista para el tipo básico de hurto. Además, se propone incorporar de forma alternativa una pena de multa de doce a veinticuatro meses, de modo que el órgano judicial pueda optar entre una u otra y graduarla en función de las circunstancias concurrentes, como la mayor o menor gravedad del hecho, el importe de la defraudación o las circunstancias personales del autor.