El PSOE y sus aliados, entre los que se encuentran Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, han utilizado la sesión de este jueves en la Comisión de Reglamento del Congreso para incorporar mediante una enmienda transaccional ajustes a la reforma que busca sancionar a los periodistas acreditados que interfieran en las labores parlamentarias y de la prensa en la Cámara, acorde a lo solicitado por los letrados de la Cámara Baja.
Los letrados del Congreso habían elaborado un documento con detalles técnicos sobre la reforma, advirtiendo que establecer sanciones podría restringir «el derecho a la libertad de información», y recomendaban evaluar «requisitos para su legitimidad». Además, señalaban que la falta de claridad en las sanciones podría causar «inseguridad jurídica» para los medios de comunicación, sugiriendo incluir un régimen de prescripción para las sanciones.
SANCIONES MÁS PRECISAS Y QUE PUEDEN PRESCRIBIR
Las recomendaciones de los servicios jurídicos se han incorporado en la enmienda transaccional acordada en la Comisión de Reglamento, que ha aprobado su dictamen sobre la reforma que se votará en el Pleno el próximo martes. El texto ha sido respaldado por el PSOE y sus socios, pero rechazado por el PP y Vox.
En detalle, el PSOE y sus socios han especificado claramente el área parlamentaria donde los periodistas pueden ser sancionados, enfocándose en la utilización adecuada de la autorización o credencial durante su labor informativa. Además, han reducido de cinco a tres años el tiempo máximo de suspensión de credencial por infracciones muy graves y han incluido un régimen de prescripción como proponían los servicios jurídicos. «Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes», detalla el documento.
En el debate, representantes de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro han criticado que el nuevo régimen sancionador limita «restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz», según Andrés Alberto Rodríguez Almeida de Vox, quien ha calificado la reforma de «atropello democrático y constitucional». También han manifestado su desacuerdo con lo que consideran «sanciones arbitrarias», según Alberto Catalán de UPN.
La medida más contundente ha venido de la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro del PP, quien ha acusado al PSOE y sus aliados de querer transformar el Congreso en un «laboratorio de cancelación, censura y persecución política» a través de «procesos inquisitoriales».
Por otro lado, PSOE y Sumar han defendido que esta reforma se ha realizado a petición de la Asociación de Periodista Parlamentarios y han negado que restrinja el derecho a la información. Joaquín Martínez Salmerón del PSOE ha argumentado que el texto proporciona «seguridad jurídica», mientras que Enrique Sierra de Sumar ha sugerido que la oposición del PP y Vox podría deberse a que no les afecta «la actuación de estos escuadristas».
Mertxe Aizpurua de Bildu y Pilar Vallugera de ERC han criticado duramente a los «agitadores de ultraderecha» por perturbar la labor periodística y han defendido la necesidad de establecer un marco de convivencia básico para el respeto parlamentario.
Finalmente, la reforma también ha permitido ampliar los casos en los que se puede solicitar el voto telemático, incluyendo situaciones de tratamientos de reproducción asistida y cuidado de familiares o personas dependientes.