El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una proposición no de ley ante el Congreso para que se pronuncie de forma institucional en contra de los ataques y amenazas que sufren los heridos, enfermos, personal sanitario y humanitario, así como hospitales y vehículos médicos en zonas de conflicto, considerando estas acciones como graves violaciones al derecho internacional humanitario.
La propuesta, que será debatida en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también pide el cese inmediato de estas prácticas. Además, insta al Gobierno a seguir impulsando mecanismos internacionales de investigación independientes que esclarezcan las circunstancias de estos ataques y promuevan la rendición de cuentas; así como a reforzar los mecanismos de protección para el personal sanitario y las infraestructuras médicas.
En su iniciativa, el PSOE aboga por incrementar la diplomacia humanitaria, mejorar la formación en normativas de protección sanitaria y ética médica, y realizar campañas de concienciación sobre la protección de la misión médica tanto para la ciudadanía como para los sectores especializados.
OBLIGACIONES RECOGIDAS POR LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y LA ONU
La proposición destaca que la asistencia médica es un derecho inalienable, que debe ser preservado incluso en situaciones de crisis humanitarias y conflictos bélicos. Subraya la obligación, según el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, de respetar y proteger al personal sanitario y humanitario, sus equipos, transportes e instalaciones, asegurando la atención a los heridos y enfermos.
Estas responsabilidades están establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo la Resolución WHA46.39 de la Asamblea Mundial de la Salud de 1993.
El PSOE lamenta que, a pesar de estas regulaciones, los ataques continúan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 2.450 ataques a la atención sanitaria en 21 países desde enero de 2024 hasta agosto de 2025, resultando en 2.060 muertes y 2.395 heridos entre pacientes y personal médico, particularmente en Sudán, Ucrania y Gaza. Estos ataques, ya sean intencionados, indiscriminados o accidentales, privan a las poblaciones de servicios esenciales y llevan al colapso de los sistemas de salud con consecuencias que perdurarán generaciones.