Este miércoles, PSOE y Sumar se citarán en la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición gubernamental, una reunión urgida por el socio minoritario debido a la crisis desatada por el escándalo de presunta corrupción del exdirigente socialista Santos Cerdán.
La reunión se efectuará en el Congreso de los Diputados, liderada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no asistirán a este encuentro, habiendo ya dialogado previamente en junio en el Palacio de la Moncloa tras la divulgación del informe de la UCO. Este evento se sitúa justo antes del Comité Federal del PSOE liderado por Sánchez y una semana antes de que el presidente hable en el Congreso.
Desde el inicio del caso Cerdán, Sumar ha pedido un «reseteo» de la legislatura, impulsando políticas de regeneración y cumplimiento de los compromisos sociales prioritarios, criticando la reacción inicial del presidente ante el escándalo.
PROPUESTAS DE SUMAR
Sumar busca implementar un «giro de 180 grados» en la relación con el PSOE, que se vio deteriorada tras la supuesta implicación de Cerdán en la trama Koldo, quien recientemente fue encarcelado preventivamente. Entre las demandas de Sumar se encuentran la activación de una prestación por crianza, mejor financiación para la dependencia, permisos retribuidos por cuidados, y medidas para facilitar el acceso a la vivienda y la mejora de derechos laborales.
En el frente de la regeneración democrática, Sumar acumula propuestas como la creación de una agencia estatal anti-corrupción, la reducción de aforamientos, aumento de las penas por delitos de corrupción y la prohibición de que empresas sancionadas por corrupción obtengan contratos públicos.
El socio minoritario insiste en que esta crisis debe acelerar la implementación de las principales políticas del gobierno y enviar un mensaje firme contra la corrupción, revigorizando así el ánimo de sus bases progresistas después del impacto del caso Cerdán.