QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE junto a Sumar iniciaron conversaciones para evaluar el panorama de la legislatura y supervisar el acuerdo del Gobierno de coalición después de la crisis desencadenada por la detención de Santos Cerdán, ex ‘número 3’ del PSOE, acusado de corrupción.
La reunión, solicitada por el socio minoritario tras difundirse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados y comenzó poco después de las 10.00 horas, tal como se había programado.
En representación del PSOE asistieron María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Por parte de Sumar, estuvo presente Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, junto con otros miembros de partidos del grupo plurinacional como Enrique Santiago de IU, Candela López coordinadora de los Comunes, Jorge Pueyo de la Chunta y Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y miembro de Más Madrid.
En este encuentro no participaron ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quienes ya se habían reunido previamente en el Palacio de la Moncloa. Esta cumbre ocurre justo antes del Comité Federal del PSOE, presidido por Sánchez, y una semana antes de que el presidente comparezca en el Congreso.
Desde el estallido del caso Cerdán, Sumar ha pedido un ‘reseteo’ de la legislatura, impulsando medidas de regeneración y cumplimiento de la agenda social, criticando la respuesta inicial del presidente al escándalo.
PROPUESTAS DE SUMAR
Sumar busca un ‘giro de 180 grados’ en la relación con el PSOE para restaurar la confianza. Proponen, entre otras, la implementación de una prestación por crianza, mejores financiamientos para la dependencia, permisos retribuidos por cuidados, iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda y más avances en derechos laborales.
Además, en el ámbito de la regeneración democrática, sugieren la creación de una agencia estatal contra la corrupción, limitar los aforamientos, aumentar las penas por delitos de corrupción y prohibir que empresas condenadas por corrupción puedan obtener adjudicaciones públicas.
Sumar y sus partidos afiliados ven esta crisis como una oportunidad para acelerar las políticas clave del programa de Gobierno y enviar un mensaje firme contra la corrupción, motivando a sus bases progresistas tras el impacto del caso Cerdán.
