El PSOE y sus socios de investidura han puesto en cuestión la proposición de ley registrada por UPN para impedir que personas condenadas por terrorismo puedan optar a subvenciones públicas y a puestos de trabajo con menores. Han recalcado que este tipo de veto choca con los principios de reinserción y proporcionalidad recogidos en la Constitución y han subrayado que la normativa actual ya prevé la inhabilitación penal como obstáculo para acceder al empleo público.
Los regionalistas navarros han defendido este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley —ya tumbada previamente en el Parlamento foral— que pretende cambiar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones. El objetivo es impedir que un etarra o un yihadista que haya cumplido su condena pueda impartir clases a menores por no ser, a su juicio, “ejemplo de nada”, según ha argumentado su diputado, Alberto Catalán, citando como referencia la contratación de un condenado por pertenencia a ETA como profesor en el Instituto Valle del Ebro de Tudela.
¿Proteger a los menores o amparar a los terroristas?
“Si no tiene ninguna lógica que un violador trabaje con menores, tampoco que lo haga un terrorista”, ha afirmado Catalán, reclamando a sus señorías que se posicionen entre “la protección a los menores o amparar a los terroristas”.
Pese a ello, la iniciativa de UPN, ya rechazada en Navarra, únicamente ha recibido el apoyo del PP y Vox. El resto de grupos, con la excepción del PNV que no ha intervenido en el debate, se han opuesto recordando que ETA ya no existe y remarcando que el texto impulsa la “venganza” y niega derechos fundamentales como el de la reinserción. Todo indica, por tanto, que la proposición no superará el trámite de toma en consideración.
En nombre del PP, el diputado Carlos García Adanero ha sostenido que “nadie con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clase” a menores y ha acusado al PSOE de no actuar porque debe la Presidencia del Gobierno a antiguos miembros de ETA y a Bildu, que, según ha dicho, habrían logrado “ganar el relato” situando “al mismo nivel a víctimas y verdugos”.
En la misma línea, el diputado de Vox Carlos Flores ha respaldado la propuesta de UPN al considerar que “el terrorismo es el mal” y que quien “lo practique, lo predique o lo justifique no puede permanecer un solo minuto cerca de nuestros hijos”. “La intención de esta propuesta es recta, su redacción es adecuada, su propiedad es indiscutible, su operatividad es sencilla y sus destinatarios la esperan y la sociedad española la exige”, ha resumido.
Desde el PSOE, la diputada Adriana Maldonado ha comenzado su intervención reprochando precisamente el respaldo de Vox a la iniciativa, recordando que, aplicando la misma lógica, Flores, condenado por malos tratos, tampoco podría ejercer como profesor.
A continuación, Maldonado ha admitido que al PSOE no le resulta “ninguna gracia” que un exetarra imparta clases en un instituto público de Tudela, pero ha insistido en que, a diferencia de UPN, PP y Vox, su formación confía en la justicia y en una sociedad en la que realmente tengan cabida “todos”.
Críticas a la propuesta por punitivista y vengativa
En Sumar, Engracia Ribera —que ha subido a la tribuna con una camiseta con el mensaje “Cállese señoro”, lo que ha provocado la queja de un diputado de Vox— ha calificado la proposición de UPN de “desproporcionada” y “arbitraria”. A su juicio, la inhabilitación “de por vida” es propia de regímenes autoritarios y la paz no se construye con “más venganza y punitivismo”.
Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha considerado “lamentable” que UPN impulse lo que ha definido como un “panfleto” en un contexto en el que el problema de ETA ya no existe. En la misma línea, el diputado de Junts Josep Payés ha recalcado que su grupo se opondrá siempre a cualquier propuesta “que suponga una persecución ideológica y una inhabilitación social que en realidad es una forma de venganza inaceptable en un Estado de Derecho”.
Finalmente, la diputada navarra de Bildu, Bel Pozueta, ha censurado que UPN vuelva a recurrir al “comodín de ETA” con una iniciativa que, en su opinión, persigue mantener la confrontación, la crispación, el odio y la venganza, además de restringir derechos como el de la reinserción social.