El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dejado claro que el Gobierno no se plantea asumir el rescate de los peajes de la AP-9, en Galicia, ni de la AP-66, que une Asturias y León, debido al fuerte impacto económico que tendría. Según ha explicado, “Habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones 'milmillonarias', de muchos miles de millones”. Además, ha subrayado que, desde el punto de vista legal, todavía no se ha dictaminado que dichas concesiones sean ilegales.
Estas manifestaciones las realiza en una entrevista concedida al diario asturiano La Nueva España y difundida por Europa Press. En ella recuerda que, en julio, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado instando a España a cumplir la normativa comunitaria sobre contratación pública, especialmente en lo relativo a los contratos de concesión. Bruselas apuntaba que las prórrogas de estas concesiones debieron someterse a un proceso de licitación conforme a las reglas de la UE, frente a lo cual el Ejecutivo español presentó sus alegaciones.
En la misma conversación, Óscar Puente matiza que la institución comunitaria ha trasladado una “opinión” sobre la posible ilegalidad de la concesión, pero remarca que será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que, en última instancia, deba pronunciarse sobre su legalidad o ilegalidad.
El titular de Transportes insiste en que “rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico”. A su juicio, “No se puede trasladar al ciudadano que queremos tren de alta velocidad hasta el último rincón, por supuesto autovía, liberar los peajes, los mejores trenes y luego decirles que además os voy a bajar los impuestos”.
Puente aprovecha para reprochar la actitud del PP y del Gobierno gallego: “Me sorprende el morro que le echa la Xunta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048”.
Por último, el ministro recalca que el Ejecutivo ya ha llevado al límite su margen de actuación: asegura que el Gobierno “está exprimiendo el limón al máximo” y que “lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo que es bonificar” a los usuarios frecuentes de estas autopistas, con descuentos que en determinados casos alcanzan el 75%.