El anuncio del Gobierno sobre la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha generado toda clase de reacciones políticas.
Mientras los socios de investidura han celebrado la medida como un avance hacia la transparencia, aunque piden abordar la ley de secretos oficiales, la oposición la ha criticado como una "cortina de humo" para distraer la atención sobre las polémicas que salpican al Ejecutivo.
PP pide explicaciones sobre "los últimos ocho años de Sánchez"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dudado este lunes de que se "vaya a descubrir nada" que no se sepa con los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha aseverado que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente".
"España necesita muchas explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez, que son las que nos interesan", ha enfatizado la dirigente 'popular', haciendo referencia a los "escándalos" que "tienen el nombre y apellido de Sánchez".
Dicho esto, ha considerado "gracioso" que hagan públicos los documentos secretos de hace 45 años, mientras "simultáneamente declaran protegidas por seguridad nacional" unas declaraciones en El Pardo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "con personas que están siendo investigadas en procedimientos penales con los que tiene relaciones mercantiles", en alusión al rescate de Plus Ultra.
Vox critica la medida por ser una "cortina de humo" del Gobierno
Por su parte, el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado la desclasificación de documentos del 23-F como una "cortina de humo" destinada a desviar la atención de supuestos casos de corrupción y abusos recientes dentro de la administración.
Garriga ha asegurado que el Gobierno ha utilizado este anuncio para ocultar irregularidades relacionadas con cargos políticos y personas cercanas a la familia del presidente, calificando la medida de “una auténtica tomadura de pelo” y advirtiendo que Vox no contribuirá a esos “fuegos de artificio”.
Podemos y Sumar reclaman abordar la Ley de Secretos Oficiales
Para Sumar, socio minoritario en el Gobierno, la medida es positiva aunque "no suficiente", por lo que defienden la necesidad de sacar adelante el proyecto de ley de información clasificada.
En una rueda de prensa, su coordinadora, Lara Hernández, ha opinado que la democracia española "no se puede permitir" tener documentos clasificados.
"Siempre hemos defendido la desclasificación de uno de los episodios más oscuros nuestra historia reciente, pero entendemos que esto no es suficiente y entendemos que debemos avanzar y sacar adelante el proyecto de ley de información clasificada, que lleva medio año atascado en el Congreso y que supondría el entierro definitivo de la ley de secretos oficiales del 1968, es decir, de la ley de secretos oficiales del franquismo", ha valorado.
En la misma línea, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado este lunes que no rechaza el anuncio del presidente del Gobierno aunque considera esta medida "insuficiente", al entender que lo verdaderamente necesario es una reforma en profundidad de la Ley de Secretos Oficiales.
"Como noticia no nos parece mal, pero es insuficiente y nosotros demandamos una reforma de la Ley de Secretos Oficiales", ha reiterado Pablo Fernández, alineándose así con las posiciones ya expresadas por otras fuerzas de la izquierda como Izquierda Unida o los comuns.
ERC pide el sumario completo y registros de llamadas
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reclamado que, entre los documentos desclasificados, se incluya el sumario judicial íntegro del 23-F y los registros de todas las llamadas entrantes y salientes del Congreso, argumentando que solo así se puede conocer la trama militar y civil real detrás del intento de golpe de Estado.
Así, Rufián ha advertido que, de no ofrecerse esta información completa, la apertura de archivos se reduciría a un mero “salseo” y ha ironizado que “se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23-F”, subrayando la prolongada opacidad que ha rodeado estos documentos.
Bildu y PNV exigen memoria histórica “de verdad”
Las fuerzas nacionalistas vascas en el Congreso, Bildu y PNV, han instado al presidente del Gobierno a que la desclasificación del 23-F no se limite a un gesto simbólico, sino que impulse una verdadera memoria histórica.
La portavoz nacionalista en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado que el Ejecutivo debe hacer públicos también los documentos sobre los sucesos de Vitoria en 1976, la represión durante los Sanfermines de 1978 y el caso de Mikel Zabalza en 1985, subrayando que la memoria no puede permanecer bajo llave.
Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha valorado la desclasificación como “una buena noticia”, pero ha recordado que otros episodios, incluidos los crímenes de los GAL, siguen sin esclarecerse, y ha insistido en que la apertura de estos archivos debe convertirse en un compromiso sostenido y amplio.