La Mesa del Congreso ha detenido las solicitudes de comparecencia presentadas por Sumar, que buscaba que los líderes de Acciona y Levantina, involucrados en el escándalo de sobornos a cambio de contratos de obra pública, se presentaran ante el Congreso. Este caso implica a los ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y a Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Según fuentes del parlamento, basándose en el criterio de los letrados, el órgano rector del Congreso ha decidido no convocar a estos empresarios, argumentando que las personas particulares no están bajo el control parlamentario y solo podrían ser llamados en el contexto de una comisión de investigación.
Por su parte, Más Madrid había solicitado la comparecencia de José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, después de que su empresa fuera mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con Cerdán.
75% DE LAS ADJUDICACIONES
El informe destacaba que las obras públicas investigadas superan los 720 millones de euros y aproximadamente el 75% de estas fueron adjudicadas a Acciona. Tras la divulgación del informe, la empresa expresó su «total desconocimiento, sorpresa y preocupación» sobre el tema, inició una investigación interna para aclarar los hechos y despidió al entonces director de Construcción, Justo Vicente.
Asimismo, la Mesa ha negado la solicitud de Sumar para que Manuel Sánchez Corbí, jefe de seguridad internacional de Acciona y ex líder de la UCO, compareciera. Se especula que la falta de registro de la sede de Acciona por parte de la UCO, a diferencia de otras empresas, podría estar relacionada con que Corbí fue responsable de la UCO hasta 2021.
Por otra parte, Compromís solicitó la comparecencia de José Ruz, dueño de LIC, quien, según Alberto Ibáñez, tenía a Koldo García en ‘nómina’ y ganó, junto con Construcciones Vilor, la licitación de la estación AVE de Elche.
Finalmente, la Mesa también rechazó la petición de Vox para que Ábalos compareciera, con la justificación de que los diputados tampoco están sujetos al control parlamentario. Según ‘El Mundo’, Ábalos fue informado sobre el veredicto absolutorio de una sentencia antes de su emisión oficial, lo que fue utilizado políticamente en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.