Siete personas que aseguran haber sido víctimas de torturas a manos de agentes policiales han impulsado una iniciativa conjunta para exigir a la justicia española que reabra e investigue sus causas, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya condenado en diez ocasiones al Estado por no indagar de forma adecuada en este tipo de denuncias.
Según ha detallado este jueves en Pamplona el Observatorio de Derechos Humanos (GEBehatokia), en siete de esos diez expedientes se va a cursar una solicitud formal para que los juzgados competentes reactiven las investigaciones. En los otros tres asuntos, “la casuística es distinta” y por ello no se incorporan a esta acción coordinada.
Iratxe Urizar, abogada de GEBehatokia, ha subrayado que las resoluciones dictadas desde Estrasburgo “abarcan tiempos diferentes, épocas, gobiernos y situaciones sociales, como una constante de nuestro pueblo, donde la tortura siempre ha estado ahí en las últimas décadas”. A su juicio, “no solo no se actúa de oficio, no se protege a la víctima, sino que se protege al victimario y se perpetúa una estructura que hace que cada eslabón sea necesario para mantener esta impunidad: desde la opacidad de la incomunicación hasta la inactividad de los jueces. Tampoco hay ninguna medida adoptada por parte del Gobierno del Estado español”.
En representación de quienes reclaman la reapertura de sus expedientes, Martxelo Otamendi, que también denunció haber sufrido torturas, ha recalcado que “la tortura no puede ser impune, sin castigo, y menos aún si la principal autoridad judicial existente en el ámbito de los derechos humanos, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha condenado en varias ocasiones al Reino de España por no haber investigado con garantías suficientes las denuncias interpuestas por los detenidos vascos”.
Otamendi ha añadido que “está claro que, entre líneas, el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho a la Justicia española que no puede seguir negando la tortura, que no puede actuar como si la tortura fuera una invención, que la realidad de la tortura es una realidad insoslayable, que debe tomar y analizar muy en serio, con todas las garantías, las denuncias de tortura”.
Por su parte, el abogado Óscar Sánchez ha incidido en que “hoy es el momento de verificar lo que hubo tras el cierre en falso de denegar justicia a las víctimas de la tortura, es el momento de retomar los casos donde los dejó el TEDH y cumplir su mandato”. En esta línea, ha explicado que “hoy impulsamos una iniciativa judicial para solicitar la reapertura de aquellos procedimientos que no fueron efectivos para que, con las sentencias condenatorias del TEDH en la mano, esta vez lleguen hasta el final”.
Sánchez ha recordado que “la investigación efectiva que el tribunal reprochaba al Estado español nunca llegó a producirse y sigue sin sustanciarse a día de hoy”. Por ello, ha precisado que “es por lo que solicitamos ante los juzgados señalados en estas condenas que investiguen ahora las torturas que no investigaron y establezcan las responsabilidades, sentando en el banquillo a los agentes policiales y, si es posible, condenándoles por los delitos perpetrados”.