La Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999, también conocida por abordar casos de ‘abusos policiales’, ha otorgado el estatus de víctima a Rosa Zarra, una ciudadana de Donostia que falleció en 1995, ocho días después de que una pelota de goma disparada por la Ertzaintza impactara en su vientre, así como a cuatro personas que perdieron la vida en 1984 debido a disparos de la Policía en la ‘emboscada de Pasaia’.
En una presentación realizada este miércoles en el Parlamento vasco, Juana Balmaseda, presidenta de la Comisión de Valoración, junto con su vicepresidente Jon Mirena Landa, expusieron el quinto informe anual de actividades frente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, detallando los casos y las circunstancias que rodearon estos eventos. Landa declaró que los hechos de Pasaia representaron ‘una ejecución extrajudicial, tal y como ya reconoce la vía judicial’ y criticó la falta de una investigación adecuada que hubiese permitido esclarecer completamente los sucesos.
Por su parte, Balmaseda comentó sobre el caso de Rosa Zarra que la ‘ausencia de investigación ha determinado la imposibilidad de comprobar judicialmente cómo se desplegó el uso de la fuerza para poder juzgar adecuadamente su necesidad y proporcionalidad’. La comisión concluyó que estos factores son suficientes para declararla víctima de violación de derechos humanos.
Asimismo, se informó sobre la inadmisión de 12 expedientes relacionados con familiares de presos fallecidos en accidentes de tráfico y solicitudes de agentes de policía y particulares que alegaban sufrir violencia por parte de ETA. La comisión ha resuelto un total de 243 expedientes hasta la fecha, con cinco reconocimientos en el último periodo analizado. Juana Balmaseda describió el último año como ‘un ejercicio particular y especial’ debido a la escasez de recursos, que ha limitado la capacidad de la comisión para valorar nuevos casos.
Finalmente, se destacaron las principales preocupaciones y recomendaciones para mejorar la eficacia y condiciones laborales de médicos forenses y psicólogos, así como la necesidad de reabrir plazos para la presentación de nuevas solicitudes y ajustar la definición y el marco temporal de las violaciones a considerar en futuras reformas legislativas.