¿Qué queda del acuerdo de financiación singular para Cataluña que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) firmaron, en julio de 2024, para investir a Illa como presidente de la Generalitat? En la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analizan cómo se ha ido modulando esta propuesta, desde aquella entente primigenia hasta la que, en teoría, presentará el Gobierno a principios de 2026, tal y como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado 17 de noviembre.
Una proposición “completa” de reforma del Sistema de Financiación Autonómico (SFA), dijo, y sobre la que avanzó algunas características, que denotan notables diferencias con la original.
La propuesta original
El pacto entre PSC y ERC, recuerda Ángel de la Fuente (autor del estudio y director ejecutivo de Fedea), se presentó como un punto de partida generalizable de una reforma del SFA que beneficiaría a todos los territorios.
Este primer acuerdo, destaca, proponía “una reforma radical de la financiación de la Generalitat, que comportaría el reconocimiento de su soberanía fiscal y un aumento sustancial de sus recursos. Esto se conseguiría mediante una cesión gradual a la Generalitat de todos los tributos de titularidad estatal, que pasarían a ser gestionados por una Agencia Tributaria catalana independiente, que iría asumiendo las competencias y los medios personales y materiales de la AEAT en la comunidad, y mediante una reducción de la aportación total de Cataluña a la caja común”.
Añade el investigador que “esta aportación tendría dos componentes, uno que financiaría los costes de los servicios que siga prestando el Estado, y una cuota de solidaridad que ayudaría a complementar la financiación de las comunidades de menor renta, sin que ello pueda comportar la ruptura del llamado principio de ordinalidad, esto es, alterar la ordenación original de las CCAA en términos de recursos por habitante en base a sus ingresos tributarios».
La propuesta, resalta de la Fuente, “no fue bien recibida fuera de la coalición de Gobierno, o incluso dentro de ella. Al rechazo unánime de los partidos de la oposición y de la gran mayoría de las comunidades autónomas, hay que sumarle las serias dudas de muchas federaciones del PSOE y de amplios sectores del resto de la izquierda, así como la cerrada oposición de la gran mayoría de los expertos académicos en la materia y de los inspectores de hacienda, entre otros colectivos de la sociedad civil con opiniones informadas sobre el tema”.
Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado
A la vista de la negativa reacción a la propuesta, agrega el autor, el Gobierno optó por ralentizar el proceso y diluir el acuerdo original, “aunque sin renunciar a introducir elementos de singularidad por concretar o a la cesión de competencias sustanciales de gestión tributaria a las CCAA”.
El director ejecutivo de Fedea detalla que este cambio de rumbo se apreció ya con claridad en el Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, firmado el pasado julio (CBGE, 2025). El cual, añade, “no sólo no concreta y hace operativo el texto anterior, sino que parece cuestionar, al menos implícitamente al omitirlos, algunos elementos importantes del mismo”.
Por ejemplo, “sigue sin decirse nada sobre el cálculo de las aportaciones al Estado y desaparecen del texto las quejas sobre el maltrato fiscal, la cesión del 100% de los impuestos estatales y el reconocimiento de la soberanía fiscal catalana en favor de una motivación mucho más neutra sobre la necesidad de renovar el SFA tras 10 años de retraso y un esbozo de un sistema compartido de gestión tributaria, que sería generalizable a otras comunidades y no parece concebirse como una mera etapa inicial de la transición hacia la completa soberanía fiscal”, sostiene.
El anuncio de la ministra
Y la misma tónica se mantiene en el anuncio de la ministra, comenta de la Fuente, “donde se pone el acento en la aplicabilidad general del modelo y en que la gestión tributaria en red no irá en detrimento de la AEAT”.
“También se avanzan algunos aspectos importantes de la propuesta que el Gobierno espera presentar en pocas semanas. En particular, se anuncia un incremento sustancial de los recursos de todas las comunidades autónomas que se realizará al menos en parte a través de un aumento en el porcentaje de cesión de alguno de los grandes tributos compartidos. El reparto de los recursos adicionales, por otra parte, deberá comportar una reducción de las amplias diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado que ahora existen entre territorios”, indica.
Finalmente, concluye el autor, “se anuncia también un aumento de la capacidad normativa de las autonomías en materia tributaria, aunque posiblemente con nuevas restricciones a su ejercicio a la baja”.