El pasado 5 de abril, la Ley de Secretos Oficiales cumplió 58 años. Aprobada en 1968, es una de las pocas normas franquistas que siguen vigentes a pesar de los intentos del independentismo vasco por reformarla. En estos momentos en el Congreso hay dos iniciativas que podrían dar una salida a este anhelo: el Proyecto de Ley de información Clasificada y la proposición de ley del PNV. Sin embargo, ninguna tiene visos de prosperar. Junts se mantiene firma en su negativa a las iniciativas del Gobierno y desde el Ministerio de Presidencia trasladan a este medio que aspiran a una propuesta más "ambiciosa" que la del Grupo Vasco.
En el balance trimestral de los grupos parlamentarios publicado por Demócrata, tanto PNV como EH Bildu insistieron en la necesidad de derogar la normativa vigente y adecuarlo a los nuevos tiempos. “Es una demanda reiterada de nuestro grupo que continúa sin respuesta a pesar de tener el compromiso del Gobierno de Sánchez de que se tramitaría una nueva Ley de secretos oficiales. Esta inacción choca con decisiones recientes como la desclasificación de documentos vinculados al Golpe de Estado del 23F, lo que evidencia que existen mecanismos para hacerlo cuando hay voluntad política”, trasladaban a este medio desde el Grupo Vasco EAJ-PNV.
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En manos de Junts
La ruptura de Junts con el PSOE no solo fue un disparo para la línea de flotación del Gobierno de coalición. Colateralmente también se han visto afectados el resto de socios que tenían una agenda acordada con los socialistas y que ahora se ha visto congelada.
En el caso del PNV, el Proyecto de Ley de información Clasificada que fue aprobado en el Consejo de Ministros el verano pasado y que no deja de acumular ampliaciones de enmiendas en el Congreso (ante la certeza de que no cuenta con los apoyos necesarios para continuar su tramitación parlamentaria).
Con este contexto, el Grupo Vasco puso sobre la mesa una alternativa adelantada por Demócrata para poder sacar adelante la reforma: desbloquear su proposición de ley (PL) sobre este asunto.
El PSOE tiene la llave
La propuesta del PNV fue tomada en consideración en febrero de 2024, solo con los votos en contra de PP, Vox y UPN. Los ‘jetzale’ defienden que con esta fórmula, se evitaría la enmienda a la totalidad de Junts, que además ya apoyó en primera instancia la iniciativa vasca.
La vía del PNV pasa porque el Gobierno "renuncie" a su proyecto de ley y el PSOE desbloquee su iniciativa. Los nacionalistas ofrecen su PL como base sobre la que trabajar con el Ejecutivo y el resto de grupos, salvando así el escollo que implica que el texto proceda del Gobierno para lograr el apoyo de los independentistas catalanes.
Preguntado al respecto sobre esta posibilidad, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, precisa que si bien coinciden con la necesidad de un nuevo régimen sobre los secretos oficiales "aspiran a un cambio más ambicioso".
Argumentan que mientras la propuesta del PNV "es una reforma técnica de la ley de 1968", el Gobierno propone su derogación y su sustitución por una nueva norma que "sea homologable a las que tienen los países más avanzados de nuestro entorno".
Solo una reforma
La Ley de Secretos Oficiales fue aprobada en 1968 y desde entonces solo ha sido reformada en una ocasión. Fue en 1978, en las vísperas de la aprobación de la Constitución, y entre otras modificaciones, introdujo un elemento de control democrático: la posibilidad de que las Cortes pueden acceder a información clasificada. Adolfo Suárez es el primer y único presidente que ha logrado los apoyos para introducir cambios en esta norma heredara del franquismo.
Tras este capítulo se han sucedido los intentos, pero ninguno ha fructificado. Tanto por parte del Ejecutivo de turno, como desde la oposición. En este sentido, el PNV ha sido históricamente quien ha liderado la reivindicación, aunque puntualmente se han unido a la causa grupos progresistas como la Izquierda Plural, y en estos últimos tiempos, EH Bildu también ha hecho de esta causa una de sus banderas más reconocibles.
Anteproyecto fantasma
En las primeras legislaturas de Felipe González, reformar la ley de Secretos Oficiales no estaba en la agenda. Pero a finales de los ochenta, algunos grupos de la oposición empezaron a ver pertinente introducir una serie de cambios. En verano de 1990, algunos medios informaron de la aprobación en el Consejo de Ministros de un nuevo proyecto de ley de información clasificada. Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso, una situación poco frecuente.
Durante 1991, en dos ocasiones los populares preguntaron por escrito al Ejecutivo por las razones por las que aún no había llegado dicho proyecto a las Cortes. Una de las respuestas señalaba que tras haber "realizado los trámites internos necesarios para su elaboración y aprobación (…) será, en consecuencia, próximamente remitido a las Cortes".
Cuatro años más tarde del plazo marcado por los propios socialistas, el proyecto seguía sin pasar por el Congreso. En 1994, el PP insistió una vez más por los motivos del retraso a través de una PNL en la que instaba "al Gobierno a remitir a la Cámara, en el plazo de quince días, un Proyecto de ley sobre Secretos Oficiales". En 1996, González dejaba La Moncloa sin noticias al respecto.
Cambio de papeles
Ya con José María Aznar en la Moncloa durante una sesión de control en abril de 1997, el diputado socialista Gustavo Suárez Pertierra preguntó al vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, "¿cuándo pensaba el gobierno remitir a la cámara el proyecto de ley de secretos oficiales?".
El número dos del Gobierno aseguró que no podía concretar fechas "porque está pendiente de los trámites de deliberación y discusión del texto definitivo". En la réplica, Suárez Pertierra confesó que esperaba "una respuesta más concreta" e incidió en la urgente necesidad del proyecto.
En su último turno, Álvarez-Cascos reprochó las palabras del diputado socialista: "sobre las urgencias, menos, porque han estado ustedes doce años gobernando y no se han dado ninguna prisa en traer la ley de secretos oficiales adaptada al marco constitucional". "Traeremos el proyecto de ley cuando esté ultimado", zanjó el entonces vicepresidente.
Sin embargo, como su antecesor, Aznar dejó la presidencia y ningún proyecto de la ley de secretos oficiales había sido remitido al Congreso.
Casi tres décadas después, en la Cámara Baja hay una iniciativa gubernamental al respecto, pero por el momento no parece que esté entre las prioridades de la acción legislativa.
más desclasificaciones
La reforma de la Ley de Secretos Oficiales no es la única reivindicación en materia de memoria democrática que defienden los grupos vascos del Congreso.
Tras la desclasificación de los documentos del 23-F, PNV y EH Bildu reclaman que este avance no se limite solo al Golpe de Estado y que se publiquen los archivos de otros capítulos de la historia reciente de España sobre los que también sobrevuelan dudas, como los sucesos del 3 de marzo de Vitoria (1976).