Esta Semana Santa, el Partido Popular está centrando su oposición al Gobierno en “las liberaciones de etarras”. Una polémica que surge tras conocerse que los presos de ETA, Soledad Iparraguirre ('Anboto') y Ángel Tellería Uriarte, han accedido a un régimen de semilibertad mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite suavizar el cumplimiento de condenas.
Para el PP estos hechos responden al “pacto político” entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Bildu. No obstante, cabe recordar que durante el gobierno de Mariano Rajoy otros presos etarras como Caride Simón, uno de los autores del atentado de Hipercor, también se vieron beneficiados por la aplicación de este artículo.
Con la ley en la mano
El actual Reglamento Penitenciario fue aprobado en febrero de 1996, en los últimos coletazos de Felipe González en la Moncloa. La norma distingue hasta tres grados de prisión:
- Primer grado: régimen cerrado (internos de especial peligrosidad)
- Segundo grado: régimen ordinario (la mayoría de internos)
- Tercer grado: régimen abierto o semilibertad
El artículo que es objeto de polémica, el 100.2, permite aplicar un régimen individualizado que combina elementos de distintos grados. A grandes rasgos, aquellos presos que se pueden acoger a esta premisa están en segundo grado, pero se le aplican condiciones propias del tercer grado en algunos aspectos.
Por ejemplo, podrán abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes, aunque deberán dormir en la prisión.
Para los 'populares' se trata de un “tercer grado encubierto” y resulta “inadmisible” que esta interpretación de la normativa penitenciaria “burle”, a través de la forma de ejecución de la pena, la regla de cumplimiento efectivo de las condenas fijadas por los tribunales.
Segundo y tercer grado
El segundo grado es el más común entre los presos españoles. En este régimen, los internos viven en módulos con otros presos, tienen horarios estructurados (trabajo, talleres, actividades), acceso a programas formativos y laborales y permisos de salida (si cumplen requisitos).
Frente al tercer grado, también conocido como régimen abierto o semilibertad, en el que los presos pueden salir a trabajar durante el día y solo regresar a dormir. Disfrutan de mayor autonomía y responsabilidad, y gozan de un contacto casi normal con la sociedad.
La oposición del PP
En este sentido, y aprovechando una proposición no de ley (PNL) para que los condenados por prisión permanente revisable no puedan acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario, el PP ha abierto la puerta a dejar fuera también a los presos vinculados a ETA.
La iniciativa aboga por reformar el Reglamento Penitenciario "para impedir que los condenados por terrorismo puedan beneficiarse de un modelo de ejecución de la pena combinando aspectos característicos del segundo y tercer grado previstos en el artículo 100.2".
No obstante, cabe mencionar que esta norma aprobada a finales del felipismo ha estado vigente con largos periodos de gobiernos del PP, como los de José María Aznar (1996-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018). Los populares disfrutaron, además, en ese tiempo de nueve años de mayoría absoluta, sin que este artículo fuera objeto de cambios.
Evolución histórica
El Reglamento Penitenciario fue aprobado en 1996, en consecuencia, son diversos los Gobiernos bajo los que ha estado en vigor. Durante los ejecutivo del PSOE, especialmente en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el artículo 100.2 se convirtió en una herramienta clave dentro de la denominada vía Nanclares, orientada a presos que se desvinculaban de la organización terrorista.
En este contexto se enmarcan casos como el de Luis María Lizarralde (“Beltza”), Fernando de Luis Astarloa, Andoni Muñoz de Vivar, José Luis Álvarez Santacristina (“Txelis”), José Manuel Fernández Pérez de Nanclares e Iñaki Rekarte Ibarra.
Posteriormente, aunque bajo los gobiernos de Rajoy la política penitenciaria fue más restrictiva, el artículo 100.2 no desapareció del día a día.
Por ejemplo, en 2017, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, aceptó los recursos de cuatro presos de ETA acogidos a la denominada vía Nanclares y a los que se les flexibilizó la pena vía art. 100.2 . Entre ellos, Caride Simón, uno de los autores del atentado de Hipercor, y Aitor Bores.