El titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comunicado este lunes que los ciudadanos españoles que formaban parte de la Global Sumud Flotilla y que seguían detenidos en Israel, serían repatriados a lo largo del día de hoy, tras el retorno ayer de un primer grupo de 21 españoles.
En declaraciones a ‘Catalunya Ràdio’, que fueron recogidas por Europa Press, Albares explicó que había mantenido conversaciones con las familias de los detenidos para informarles de que, salvo imprevistos de última hora, hoy mismo dejarían territorio israelí rumbo a España. “Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel”, afirmó el ministro, aunque ha solicitado cautela hasta que “estén todos sentados en el avión y con el avión en el aire”.
Albares reiteró el compromiso de su departamento para gestionar y financiar completamente la repatriación, asegurando que se haría todo lo necesario para que “lleguen lo más rápidamente posible a España”.
Avanzado el día se conocía que Israel extenderá la detención, al menos hasta el miércoles, de una de las activistas españolas de la Flotilla, investigada por una presunta agresión a una funcionaria israelí, por lo que en el día de hoy no regresarán la totalidad de los ciudadanos españolas detenidos.
Acciones legales contra Israel
Por otra parte, el eurodiputado de los Comuns y letrado de la Flotilla, Jaume Asens, ha declarado que se están considerando “acciones legales” en respuesta a las acusaciones de maltrato hacia los activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF) imputadas al Gobierno de Israel. Esta declaración se produjo durante una entrevista en Ser Catalunya, tras las declaraciones de Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, y Jordi Coronas, concejal de ERC, ambos denunciando haber sido maltratados por el Gobierno israelí tras su deportación y llegada al Aeropuerto de Barcelona desde Madrid Barajas.
Asens ha mencionado que pretenden “comparecer allí, ejercer nuestros derechos y denunciar allí tanto las torturas como los tratos psicológicos”, evaluando si estos actos pueden considerarse delitos de trato degradante o incluso de tortura en casos específicos. Adicionalmente, ha indicado que solicitarán a la Fiscalía que exija a Israel toda la documentación relacionada con los activistas, para verificar las discrepancias en las firmas de los detenidos.
Asens ha expresado su preocupación por la posible falta de colaboración de las autoridades israelíes con la justicia española. Además, ha sugerido que el Gobierno español debería considerar un conjunto de medidas en respuesta a estos ataques contra los derechos humanos, una vez que todos los activistas españoles sean liberados y devueltos a España.