La regularización de 500.000 migrantes en España aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha suscitado polémica y debate público, más allá de si se tramita por real decreto -como así ha ocurrido-, o por la vía legislativa del Congreso de los Diputados.
El otro punto de confrontación es el impacto económico que esta medida pueda tener, para analizar el encaje de la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, consensuada con Podemos, en el contexto de la economía española.
Efectos a corto y largo plazo
Para Santos Miguel Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, y parafraseando a Keynes, hacer previsiones a largo plazo es inútil porque todos estaremos muertos. Mientras que -subraya-,"a corto plazo, los inmigrantes de los que hablamos están aquí y, por tanto, los costes en Sanidad o en Educación serán iguales que si fueran individuos nacionales".
Por otro lado -se cuestiona-, "no sé si es razonable y adecuado ahora un informe del impacto económico, sabiendo que estas personas, aunque ahora no aportan a la Seguridad Social, sí pagan el IVA cada vez que compran y, sin embargo, no reciben nada a cambio".
Y mientras Cepyme pide visión de Estado en esta regularización, con una visión distinta a la de Ruesga, el economista José Carlos Díez recuerda para Demócrata un estudio según el cual “existe un umbral de cotizaciones que, si no lo supera, finalmente esa persona acabará consumiendo más servicios que lo que paga en impuestos.
Por eso -recalca Diez-, es importante adecuar la demanda de migrantes a las necesidades que tiene un país, porque, de otro modo, te encuentras con costes sanitarios importantes, como son los que vienen de la atención médica y de los propios medicamentos. No olvidemos -anota-, que "ahora estamos hablando en líneas generales de gente joven que consume poca sanidad y no cobran pensiones. Pero eso, a largo plazo, cambia. De modo que, si regularizas -insiste- debes tener en cuenta este escenario, porque, de lo contrario, el Estado se mete en mayor deuda pública a largo plazo".
Este miércoles, el diario El País publicaba una información en la que mantiene la existencia de estudios independientes que defienden el impacto positivo que tiene para la economía la regularización de migrantes. En concreto, sostiene que el beneficio fiscal neto podría llegar a ser de hasta 4.000 euros por persona.
El artículo del diario de Prisa se basa en estudios como el de Ismael Gálvez Iniesta, en cuya documentación también incorpora un impacto negativo a largo plazo de 3.036 euros por inmigrante, que podría tener su origen en el aumento del gasto en servicios públicos.
Las pensiones y la educación
Para Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Hespérides, es evidente que la regularización de migrantes tiene a primera vista un impacto positivo: "Eso es indiscutible". Pero añade que "hay que hacer previsiones a largo plazo, porque después hay que pagar pensiones y otro tipo de ayudas ligadas a la regularización".
"Hay que señalar -sustancia-, que, únicamente tienen un saldo fiscal desfavorable el 10% de más renta, y estamos hablando de una parte de la población que tienen trabajos precarios".
Así pues -desarrolla el profesor universitario-, si bien es cierto que estas personas empezarán a cotizar, y eso se registrará en la lista de la Seguridad Social y en Hacienda, también empezarán a consumir más recursos y eso tiene efectos fiscales. Sin dejar atrás este relevante dato: tienen un saldo negativo de 5.500 euros porque consumen más educación, pero contribuyen menos en impuestos como el IVA, porque también consumen menos".
Esto es lo que hace que -apunta Calvo-, uno de los informes a los que alude El País, "recoja en una de sus páginas que, a largo plazo, el beneficio fiscal es negativo, cuantificado en 3.036 euros por inmigrante. De manera que, y dejando claro que, todo el mundo tiene derecho a servicios, por supuesto -afirma-, esos servicios tienen un coste, y la prueba empírica son esas listas de espera que hay en la sanidad pública".
También en enero de 2024, el Instituto Elcano publicaba un estudio donde explicaba cómo en España coexiste una alta inmigración con altas tasas de paro y un crecimiento insuficiente del PIB per cápita.
El problema de la vivienda
El economista Javier Santacruz se detiene también en otros aspectos. Por un lado, en el efecto político sobra las cifras del paro, lo que será muy positivo para rebajar la economía sumergida de nuestro país. Pero, por otra parte, considera que, "al causar más competencia en el segmento de salarios bajos, lo previsible es que impida que haya incentivos al alza de los salarios porque competirán en precariedad”. Asimismo -sostiene-, “esta regularización provocará mayor presión sobre los servicios públicos básicos, especialmente sanidad, pero también en vivienda, con un déficit de 800.000 casas, según el Banco de España”.
“En puridad -resume Santacruz-, en esta historia del coste o beneficio neto de la inmigración hay mucha literatura contradictoria, porque depende de los supuestos que hagas. Y esto depende de algo en lo que seguro que nos equivocamos, que es la proyección demográfica. Luego, a corto plazo se pueden hacer afirmaciones concretas, pero a largo plazo, es muy difícil, por lo que no se puede desdeñar en las previsiones que, los centros de salud y los hospitales se diseñan en función de la población. Así que -colige- a más población, más inversión en equipamiento e instalaciones sanitarias”.
La inmigración hace falta
Para Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE y el Instituto Polibienestar, parece evidente que una regularización traerá “a corto plazo más ingresos, más afiliados y menos dinero negro. Aunque tenemos pocos datos -matiza-, "tampoco hay que descartar que, a la postre, esta regularización derive en un reagrupamiento de hasta dos millones de personas, según he visto en algún medio, que puede tensionar los servicios públicos, las pensiones y prestaciones como el IMV”.
El director del gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, contempla el anuncio con otra visión. Sin obviar que se puede tratar de un anuncio político sin más recorrido, sí que defiende, que “Europa tiene que asumir que nuestra frontera es su frontera y que la gran mayoría son latinoamericanos y no son problemáticos. Además -afirma-, muchos de ellos ya están trabajando, a veces en B, en negro, como sucede sobre todo en el ámbito de los cuidados”.
Desde Fedea, su director, el economista Ángel de la Fuente, recuerda que, en este punto, no hay que soslayar el efecto que estas medidas tienen sobre "nuestro sistema de pensiones", reconociendo de antemano que "en España hace falta más mano de obra inmigrante".
Poniendo cifras al impacto
Lecturas a corto y largo plazo al margen, existen cifras oficiales de años anteriores sobre el impacto de los migrantes en la economía española que pueden arrojar algo de luz en proyecciones a futuro.
Según los datos del BCE y el Bando de España, los inmigrantes fueron responsables de aproximadamente la mitad del crecimiento económico entre 2022 y 2024. El impacto en la generación de empleo y la productividad fue importante. El empleo entre extranjeros aumentó casi un 7% en 2024, frente al 1,4% de los españoles. Su contribución se basa en mayores tasas de empleo y una creciente cualificación, con un 43% de inmigrantes con estudios altos en 2022.
En cuanto a la sostenibilidad del sistema, los ciudadanos extranjeros aportan el 10% de los ingresos a la Seguridad Social mientras representan una porción pequeña del gasto, contribuyendo al rejuvenecimiento de la fuerza laboral. En lo que al impacto per cápita se refiere, se estima que la inmigración aportó entre 0,4 y 0,7 puntos al crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.