La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acudido este jueves a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conocida como comisión de Secretos Oficiales del Congreso, para explicar el empleo de los fondos reservados de su departamento y la relación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll, considerado el cerebro de los atentados de 2017.
La reunión, celebrada a puerta cerrada, se ha prolongado algo menos de una hora y retoma la comparecencia que la responsable de Defensa inició a comienzos de diciembre y que quedó inconclusa por la falta de tiempo disponible.
A iniciativa de ERC y del PP
Fue ERC quien, hace casi un año, solicitó que Robles compareciera ante este órgano para aclarar las informaciones difundidas tras la desclasificación de documentos que confirman que el CNI mantuvo contacto con el fallecido imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.
En paralelo, el Congreso mantiene activa una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Esta es una de las dos comisiones, junto a la denominada “Operación Cataluña”, constituidas al inicio de la legislatura en virtud del pacto que el PSOE cerró con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
La última vez que esta comisión recibió comparecientes fue en junio pasado y, tras el verano, sólo se reunió una vez, también a puerta cerrada, para tramitar nuevas solicitudes de Junts, reiterar las relativas a desclasificaciones aún pendientes y pedir otras adicionales.
Además, Robles ha informado sobre el uso de los fondos reservados asignados al Ministerio de Defensa a instancias del PP, que reclamó su presencia con este objetivo el pasado mes de octubre. Un mes más tarde, la propia ministra pidió acudir de nuevo a la Cámara para completar esa información.
Entre octubre y diciembre, Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, han pasado por la comisión de Secretos Oficiales, después de que el Gobierno hubiera acumulado tres años sin rendir cuentas ante el Congreso sobre la utilización de los fondos reservados.