La ministra de Defensa, Margarita Robles, acude este martes al Congreso de los Diputados para explicar, a instancias del PP, las consecuencias para la seguridad nacional de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en relación con el ataque contra Irán llevado a cabo por Estados Unidos e Israel hace ahora un mes.
La sesión se celebrará en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, después de que el Gobierno haya ordenado el cierre del espacio aéreo español a los vuelos de aeronaves vinculadas con la denominada operación “Furia Épica” impulsada por Estados Unidos e Israel, tanto a aquellas que operen desde las bases de Rota y Morón como a los aparatos que crucen el cielo español procedentes de Reino Unido o Francia.
En este contexto, Robles ya subrayó que no entra en sus planes que Estados Unidos abandone las bases militares situadas en territorio español y reclamó respeto para la postura del Ejecutivo, que definió como “firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra”.
Debate por el envío de la fragata Cristóbal Colón y el gasto en Defensa
La comparecencia de Robles, junto con la solicitud de presencia en sede parlamentaria de los titulares de Industria y Hacienda, se enmarca en la ofensiva registrada por el PP hace dos semanas para exigir aclaraciones sobre la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.
Entonces, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, advirtió de que el Gobierno tiene “nuevos compromisos de inversión que cumplir” en materia de Seguridad y Defensa en 2026, pese a mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. En ese contexto, mencionó el despliegue de la fragata Cristóbal Colón en el conflicto en Irán “sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso”, así como la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros sin dar cuenta al Parlamento.
Además, los ‘populares’ exigen que el Ejecutivo detalle la capacidad industrial y tecnológica de las empresas adjudicatarias de los 33.936 millones de euros que, según sus cálculos, ya se han comprometido en gasto de Seguridad y Defensa para 2025, junto con los criterios de subcontratación, los mecanismos de financiación empleados, las partidas presupuestarias afectadas y la programación prevista para 2026.