La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá este martes al Congreso de los Diputados para dar cuenta, a instancias del PP, de las consecuencias que las decisiones del Gobierno relacionadas con el ataque contra Irán, llevado a cabo por Estados Unidos e Israel hace ahora un mes, tienen para la seguridad nacional.
La sesión se celebrará en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional y se produce después de que el Ejecutivo haya ordenado el cierre del espacio aéreo español a los vuelos de aeronaves vinculadas con la denominada operación “Furia Épica” impulsada por Estados Unidos e Israel. La restricción afecta tanto a los aviones que operan desde las bases militares de Rota y Morón como a aquellos que sobrevuelan territorio español procedentes de Reino Unido o Francia.
En este contexto, Robles ya dejó claro que no prevé una retirada de Estados Unidos de las bases militares en España y reclamó respeto para la postura del Gobierno, que definió como “firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra”.
Exigencias del PP por el plan industrial y el despliegue en Irán
La petición de comparecencia de Robles, junto con la solicitud de que acudan también los titulares de Industria y Hacienda, se enmarca en la ofensiva parlamentaria que el PP lanzó hace dos semanas para exigir aclaraciones sobre la planificación y ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa previsto para los ejercicios 2025 y 2026.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, subrayó entonces que el Gobierno tiene “nuevos compromisos de inversión que cumplir” en materia de Seguridad y Defensa en 2026, pese a continuar con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023. En este contexto, citó el envío de la fragata Cristóbal Colón al conflicto en Irán “sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso”, además de la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros sin dar cuenta al Parlamento.
Los ‘populares’ exigen, asimismo, que el Ejecutivo detalle la capacidad industrial y tecnológica de las empresas adjudicatarias de los 33.936 millones de euros que, según sus cálculos, ya se han comprometido en gasto de Seguridad y Defensa para 2025. Reclaman también que se expliquen los criterios de subcontratación, los mecanismos de financiación empleados, las partidas presupuestarias implicadas y la planificación prevista para el ejercicio 2026.