QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha lanzado un aviso severo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el problema creciente de la vivienda, que podría amenazar la estabilidad de su gobierno. Rufián ha demandado acciones decididas para ‘intervenir el mercado’, incluyendo impuestos a las compras de inmuebles destinadas a la especulación y establecer el acceso a la vivienda como un derecho constitucional esencial. Sin embargo, Sánchez ha respondido defendiendo las políticas existentes y ha acusado a las administraciones del PP de no implementar la Ley de Vivienda por ‘dogmatismo ideológico’.
En el debate, Rufián ha cuestionado a Sánchez sobre la posibilidad de que estos problemas terminen con su mandato. Sánchez ha respondido sugiriendo la imprevisibilidad de la política y ha reafirmado su objetivo de completar la legislatura, enfocándose en el progreso nacional. Rufián ha subrayado que, además de las fuerzas políticas como ‘quizá’ Junts, la crisis de vivienda es un factor crucial que podría desplazar a Sánchez del poder, describiendo la situación de muchas personas que viven en condiciones inadecuadas mientras pagan precios exorbitantes.
El líder de ERC ha criticado la política gubernamental de fomentar más construcción mientras se apoya con subsidios, proponiendo en cambio una intervención directa en el mercado y la imposición de tributos a los compradores especulativos. ‘La política de vivienda debería ser ‘una familia, una casa», ha declarado, enfatizando que los derechos de las familias deben prevalecer sobre los intereses especulativos.
Por su parte, Sánchez ha reconocido la gravedad del problema de la vivienda, atribuyendo la desigualdad actual a la dificultad de acceso a la vivienda. Ha defendido la Ley de Vivienda como una necesaria intervención estatal en un mercado disfuncional y ha criticado a comunidades del PP por no aplicar esta ley. Sánchez ha destacado los esfuerzos del gobierno, como el incremento del presupuesto para vivienda, la prohibición de ventas a fondos buitre y el impulso a la vivienda pública, además de medidas para controlar los alojamientos turísticos y apoyar a jóvenes sin capacidad de ahorro previo.
