La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha subrayado que el Gobierno Vasco se limita a aplicar la normativa vigente en materia penitenciaria en relación con la progresión de grado de los presos de ETA y las medidas de flexibilidad de las condenas. Entre ellas se encuentra la concesión de la semilibertad al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recientemente se ha aplicado al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki'. “Estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas”, ha recalcado San José.
La responsable de Justicia ha interpelado al PP sobre si, en su lugar, “prevaricaría de forma consciente” para impedir la aplicación del 100.2 a 'Txeroki', un precepto diseñado para reclusos con largas condenas.
San José ha intervenido en el pleno de control del Parlamento Vasco para responder a la pregunta del parlamentario popular Santiago López sobre la concesión de la semilibertad a Aspiazu.
López ha denunciado “los privilegios” que, a su juicio, disfrutan los presos de ETA en las cárceles vascas desde que el Gobierno Vasco asumió su gestión, y ha sostenido que estos “beneficios” otorgados a penados de la organización “vienen de Sánchez”, del Ejecutivo “de la desvergüenza” que mantiene “pactos con los hijos de la serpiente” y que la consejera “ejecuta”.
El dirigente del PP ha asegurado que “no se habla de otra cosa en España” que de la semilibertad concedida al exjefe de ETA, y ha reclamado a María Jesús San José que “no mienta” cuando sostiene que “no hay beneficios específicos para los miembros de la banda terrorista”.
En su intervención, ha exigido explicaciones sobre “por qué cada once días se concede un tercer grado a un miembro de la banda; explíquenos por qué desde que tienen las competencias hay más de 110 terceros grados a miembros de la banda; explíquenos por qué el 85% de los artículos 100.2 se aplican a miembros de la banda terrorista; explíquenos por qué no se ha acercado a ningún preso condenado por cualquier otro delito y sí se les ha entregado hasta en 405 ocasiones el acercamiento a los miembros de la banda terrorista”.
Asimismo, ha reclamado que aclare “por qué esta misma semana” se ha concedido el tercer grado a Asier Arzalluz Goñi, condenado por el asesinato del periodista José Luis López Lacalle y cuyo caso ha sido recurrido por la Fiscalía, y por qué se han otorgado dos terceros grados a Juan Jesús Narváez Goñi, “con 400 años de condena”.
En referencia a Garikoitz Aspiazu, ha añadido: “Y lo último a Txeroki, jefe militar de ETA: 20 asesinatos en grado de tentativa, paquete bomba contra una periodista de Antena 3, coche bomba en la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa, causas pendientes todavía en la Audiencia Nacional por intentar atentar contra el rey, Marlaska, Aznar, Patxi López o Santiago Abascal, y autorizar el atentado en la T4 de Barajas. ¿Me va a permitir decirle que esto es asqueroso?”.
Rigor en la aplicación del artículo 100.2
María Jesús San José ha replicado que el Ejecutivo autonómico “es riguroso con la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico, como no podía ser de otra manera”, en este caso respecto al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que desarrolla la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Ha recordado que “me imagino que usted ya sabe que la competencia en materia de ejecución penitenciaria la tiene el Gobierno Vasco. El citado artículo no es un beneficio penitenciario, ni su concesión es un privilegio, hace referencia a la clasificación penitenciaria y al principio de flexibilidad”.
La consejera ha precisado que la propia normativa determina que, “con el fin de hacer el sistema más flexible, el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento”. Esta medida, ha añadido, requiere el visto bueno del juez de vigilancia correspondiente, “sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”.
Según ha explicado, este régimen implica para el interno un sistema ordinario con “dosis más altas de semilibertad”. “Tiene en cuenta salidas y permisos y, luego, la conveniencia de continuar preparando al interno a través de planes que requieren de salidas de mayor duración, para realizar actividades laborales o comunitarias a través de voluntariado”, ha detallado.
San José ha defendido que la utilización del 100.2 es “adecuado para supuestos de cumplimiento de condenas prolongadas antes de su salida en libertad, siempre que concurran los requisitos para ello, como es el caso”.
Acusaciones del PP y respuesta de la consejera
Santiago López ha ironizado al señalar que es “casualidad que, de más de 1.700 presos que hay en las prisiones vascas, solo se aplique” este precepto a internos de ETA. “Los 100.2, de 35 que otorgan ustedes, 30 fueron a parar a miembros de ETA”, ha remarcado.
El parlamentario popular ha insistido en que estos beneficios penitenciarios “vienen de su jefe Sánchez”, de un Gobierno de la “desvergüenza” que mantiene “pactos con los hijos de la serpiente, de los cuales usted es el brazo ejecutor”.
En su alegato, ha sostenido que “lo que se transmite no es reinserción, es impunidad anticipada. Y un país que empieza a confundir reinserción con blanqueamiento, empieza a erosionar los pilares que lo sostienen. La democracia española no se arrodilló ante ETA cuando esta mataba, y no puede inclinarse ahora cuando cumplen condena, porque si el mensaje que sale hoy de Euskadi es que los asesinos avanzan más deprisa que el recuerdo de sus crímenes, no estaremos construyendo convivencia, estaremos construyendo olvido. Y el olvido siempre ha sido el triunfo de los verdugos”.
En la misma línea, ha defendido que “España no derrotó a ETA para blanquear su pasado”, sino “para que la dignidad del Estado de Derecho prevaleciera sobre cualquier forma de barbarie, incluida la que perpetran ustedes ahora”.
En su turno de réplica, San José ha recordado que 'Txeroki' finalizará su condena en julio del próximo año. Ha negado que Garikoitz Aspiazu tenga una pena de 400 años, como sostenía el representante popular, al explicar que el tiempo máximo de cumplimiento lo fija el órgano judicial de acuerdo con el Código Penal “y, en su caso, son 25 años”.
“Esto es algo que yo no he decidido. Y le recuerdo también que, como Administración de Ejecución Penitenciaria, el órgano judicial nos marca cuando finaliza una condena. Eso tampoco lo decido yo arbitrariamente. Yo estoy aquí para cumplir la ley y no para juzgar de nuevo a las personas”, ha subrayado.
La consejera ha preguntado al PP qué alternativa plantea y cómo habría actuado en una situación similar. “¿Negándolo cuando un interno cumple los requisitos exigidos? ¿Están cuestionando la labor del personal funcionario? ¿Prevaricarían de forma consciente?. Me da la sensación que una cosa es lo que se dice cómodamente desde su escaño de oposición y otra muy distinta a lo que hacen cuando gobiernan”, ha rematado.
Referencias a las excarcelaciones con Aznar
San José ha traído a colación la etapa de José María Aznar en La Moncloa, cuando “excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores de 20 años, y todo mientras ETA mataba”. También ha señalado que se acercó a 135 presos a centros penitenciarios próximos a Euskadi.
Ha recordado que “el PP se enorgullecía de ello y nadie discrepaba. Feijoó era director general en el Gobierno de Aznar y Abascal, un cargo destacado en el PP de Álava. No juzgo esas decisiones, ni siquiera les acuso porque uno de los excarcelados volviese a matar poco después de haber salido”, ha indicado, en alusión a Iñaki Bilbao, que posteriormente asesinó al concejal del PSE-EE Juan Priede.