El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado como nueva portavoz del Ejecutivo a Elma Saiz, hasta ahora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a quien ha atribuido el hito de haber alcanzado un récord de trabajadores afiliados y que ha desarrollado la mayor parte de su carrera política en el PSOE de Navarra.
Sánchez ha subrayado de ella que es “una gran ministra, con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, uno de los principales argumentos que el Gobierno esgrime para justificar que debe agotar la legislatura hasta 2027.
Licenciada en Derecho y con un Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, Saiz (Pamplona, 1975) ocupó diversos puestos en la administración foral antes de que Sánchez la incorporase al Consejo de Ministros en noviembre de 2023, coincidiendo con el arranque de la actual legislatura.
Entre 2019 y 2023 fue consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra presidido por la socialista María Chivite, y con anterioridad dirigió el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia del Ejecutivo autonómico. Entre 2008 y 2012 ejerció como delegada del Gobierno en Navarra y, desde 2003, formó parte del Parlamento foral.
Se enfrentó a Bildu en la alcaldía de Pamplona
Además, fue la cabeza de lista del PSN a la alcaldía de Pamplona en las municipales de mayo de 2023, comicios en los que su candidatura quedó como tercera fuerza. Pese a ello, se presentó como opción para ser alcaldesa con el respaldo de formaciones minoritarias y rechazó entregar sus votos a EH Bildu.
Sin embargo, tras su salto a la política estatal para asumir la cartera ministerial, se materializó el acuerdo entre el PSN y Bildu para impulsar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona contra UPN, que llevó a la alcaldía a Joseba Aspirón (EH Bildu).
Comparecencia en la ‘comisión Koldo’ del Senado
En junio de 2024, Saiz tuvo que acudir a la llamada “comisión Koldo” del Senado a instancias del PP, dado que durante la pandemia y las compras de mascarillas presuntamente irregulares formaba parte del Gobierno de Chivite como consejera.
Ante los senadores, sostuvo que su papel al frente de la consejería de Hacienda se limitó al “control” de las contrataciones de material sanitario y afirmó que dicho control funcionó “correctamente”.
Asimismo, negó recordar su relación con Koldo García Izaguirre, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ambos investigados por varios casos de corrupción junto al también navarro Santos Cerdán.
En esta línea, puntualizó que no conoce lo suficiente a Koldo García como para formarse una opinión sobre él y dijo no recordar si en algún momento tuvo su número de teléfono, aunque señaló que en la actualidad ya no figura en su agenda. Tampoco pudo concretar la última ocasión en la que mantuvo una conversación con él.
Reforma del Reglamento de Extranjería y gestión migratoria
Durante su etapa al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz ha impulsado la aprobación de la reforma del nuevo Reglamento de Extranjería. Esta actualización normativa, publicada en 2024 y en vigor desde mayo de ese año, simplifica procedimientos, acorta los tiempos para la regularización de personas migrantes y amplía las modalidades de arraigo.
No obstante, introduce limitaciones para que los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada puedan acceder a la regularización. El Gobierno confiaba en resolver este escollo mediante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a cerca de medio millón de migrantes en situación administrativa irregular, pero la tramitación del texto continúa bloqueada en el Congreso.
Al mismo tiempo, el departamento de Saiz ha tenido que responder en 2025 a varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a menores migrantes solicitantes de asilo. En este contexto, el Ejecutivo se ha hecho cargo de cerca de 1.000 niños y adolescentes que habían pedido protección internacional en Canarias.
Saiz también ha impugnado la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas, un inmueble cedido en 2022 por la Seguridad Social para hacer frente a la emergencia derivada de la guerra de Ucrania y que, según destacó el Ministerio de Inclusión, ha atendido en estos años a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional.