Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha presentado un conjunto de 15 iniciativas para combatir la corrupción que incluye el incremento de las penas para estos crímenes, el doble de tiempo para la prescripción y la formación de listas negras de empresas sentenciadas que impidan su participación en contrataciones públicas.
Durante su intervención en el Congreso tras la detención preventiva de Santos Cerdán, anteriormente alto cargo del PSOE, por supuestos cobros indebidos, Sánchez anticipó su intención de instaurar una agencia independiente anticorrupción y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para brindar mayor protección a quienes expongan actos de corrupción.
Sánchez indicó que este conjunto de medidas ha sido desarrollado en el último mes con el apoyo de Sumar, su socio de coalición, y expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Adicionalmente, mencionó la creación de nuevas secciones judiciales especializadas en delitos contra la administración pública y la implementación de procedimientos sumarios para casos que incluyan a funcionarios públicos, con el objetivo de evitar retrasos que ‘merman la confianza’ de la sociedad.
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