El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los grupos parlamentarios a sacar adelante durante este semestre la reforma de la Ley de Secretos vigente desde 1968. Sin embargo, no ha precisado si, mientras se tramita ese cambio normativo, procederá a desclasificar documentos aún más antiguos que los relativos al intento de golpe de Estado de 1981 que el Ejecutivo ha hecho públicos este martes.
Durante la sesión de control celebrada en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha denunciado que siguen bajo secreto de Estado expedientes vinculados a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una actuación policial que terminó con cinco sindicalistas fallecidos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un joven muerto bajo torturas en 1985; los episodios de "guerra sucia" del Batallón Vasco Español en la Transición y las actuaciones del GAL durante los años de Gobierno socialista de Felipe González.
Aizpurua ha defendido que la reciente apertura de los archivos del 23F demuestra que, cuando existe voluntad política, el Consejo de Ministros puede levantar la clasificación de otros documentos, incluso anteriores, sin necesidad de aguardar a la modificación de la Ley de Secretos heredada del franquismo.
Debate sobre la futura ley y el alcance de las desclasificaciones
"Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos --ha dicho--. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad".
Pese a las reclamaciones de la diputada de Bildu, Sánchez no ha concretado qué decisión tomará respecto a esos expedientes y ha remitido su respuesta al proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó en julio del año pasado y que permanece atascado en el Congreso por falta de apoyos suficientes. Formaciones como el PNV y Bildu consideran que la propuesta se queda corta porque, como ha recordado Aizpurua, es necesario actualizar la norma de 1968, pero "no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más".
El jefe del Ejecutivo ha defendido que el texto elaborado por el Ministerio de la Presidencia permitirá derogar la actual ley preconstitucional y fijar "un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión" que sitúe a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales". Por ello, ha llamado a los grupos a utilizar el actual periodo de sesiones, que concluye en junio, para completar la tramitación parlamentaria de la norma.
Por último, Sánchez ha puesto en valor la desclasificación de los documentos del 23F acordada por su Gabinete, remarcando que se trata de "un gran día para democracia" y que con esta decisión se satisface "una deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía".