El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes 10 de febrero aprobará un paquete de medidas para la protección de los menores en entornos digitales, entre las que se encuentra la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años. También ha anticipado que se actuará contra los directivos de las plataformas que incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos; y se tipificará como delito la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos.
El anuncio, realizado en el marco de su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos celebrada en Dubái, ha chirriado, puesto que el Proyecto de ley de protección de personas menores de edad en entornos digitales ya contempla la prohibición de acceso a menores de 16 a las redes sociales.
Por si acaso
El Gobierno lleva desde junio de 2024 que se aprobó el anteproyecto de ley asegurando que el articulado prohibiría registrarse en redes sociales a menores de 16 años. El texto, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados pendiente de constituir ponencia para elaborar el informe, ya establece el control parental. Sin embargo, el Gobierno considera que podría no ser suficiente.
El pin parental aún permitiría que menores puedan acceder, pues únicamente, necesitarían de autorización paternal (o de sus tutores legales). Para blindar la restricción, el Gobierno impulsará vía enmienda la “prohibición expresa” en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales.
Fuentes del Gobierno consultadas por Demócrata explican que, con dicha prohibición y el artículo 28 de DSA (Ley de Servicios Digitales), se promoverá que las plataformas y redes sociales implanten sistemas de verificación seguros para su cumplimiento.
Las redes sociales y plataformas deberán implantar sistemas de verificación de edad eficaces
El anuncio agita, más si cabe, a un sector que ya amasaba poderosas dudas. El consenso político, así como del sector, es que los terminales con conexión a internet deben integrar un sistema eficaz de pin parental. La cuestión a resolver es sobre quién recae tamaña responsabilidad, si sobre los fabricantes o sobre los operadores.
Además, existen dudas con respecto al momento de su configuración. El sector, PNV y Junts (mediante respectivas enmiendas) apuestan por ofrecer la posibilidad de configurarlo al arrancar el dispositivo y no que venga activado por defecto. De igual forma, se valora extender las mismas obligaciones que se exigen a los fabricantes a los proveedores de programas informáticos (software).
El pulso de la ley
El propio Sánchez ubicó el Proyecto de Ley de protecciones de menores en red entre sus prioridades de cara al curso 2026. El texto se encuentra en la Comisión de Justicia, pendiente de constituir ponencia, pero hay varios puntos calientes que están frenando su avance.
- Las dudas de Junts: La ruptura anunciada por Carles Puigdemont afecta en concreto a esta propuesta, pues no integra la lista de cinco a las que garantizaron que facilitarían su tramitación. Para más inri, se trata de una ley Orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto, Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 171. No se puede contar ya con José Luis Ábalos, que solía mantener la disciplina de voto.
- El pulso del sector: El impacto de la nueva normativa en el sector sería notable, por lo cual la industria ha remitido una ingente cantidad de sugerencias en forma de enmienda a los grupos parlamentarios para pulir, sobre todo, dos asuntos, que son los que más preocupan. Uno de ellos, precisamente, el pin parental. El otro, el etiquetado de los productos tecnológicos. En el caso de las redes sociales, serán las propias plataformas las que deberán instaurar mecanismos de verificación de edad eficaces.
Responsabilidad penal de los directivos y manipulación algorítmica
Otra de las medidas anunciadas por Sánchez consiste en una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Esto implica que altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos. Para acometer la reforma, se remitirá un proyecto de ley orgánica al Congreso.
De igual forma, se vehiculará mediante un proyecto de ley orgánica la tipificación como nuevos delitos la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos.
Huella de odio y polarización
El Gobierno desarrollará un sistema denominado “Huella de Odio y Polarización”, destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio. El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas. La medida se concretará mediante el desarrollo de una herramienta específica.
Contenido sexualizado
Por último, el Ejecutivo trabajará junto al Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia frente a las infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos.