QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El exsecretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, Santos Cerdán, será llamado a declarar como testigo en el procedimiento judicial que analiza la expulsión de las filas socialistas de los cuatro concejales compostelanos Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez, que actualmente figuran como no adscritos.
Cerdán figura entre los testigos planteados por la defensa de los ediles ahora no adscritos en la audiencia previa al juicio —señalado para los días 7 y 8 de septiembre—, una sesión celebrada el pasado mes de octubre y cuyo contenido ha sido consultado por Europa Press.
En dicha vista, el letrado de los concejales expulsados del Partido Socialista solicita que el que fuera secretario de Organización del PSOE comparezca en calidad de testigo por haber sido la persona que firmó la resolución disciplinaria dictada contra los cuatro ediles.
Además, el abogado de los demandantes pide que se cite también como testigos, junto a los propios concejales afectados, a cuatro trabajadores eventuales del Partido Socialista en Santiago y al exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo.
En cambio, en esa audiencia preliminar, la abogada que representa al Partido Socialista se opone y recurre la citación de Cerdán, alegando que ya no forma parte del PSOE y que la solicitud persigue únicamente un “efecto mediático” teniendo en cuenta su situación en aquel momento —se encontraba detenido en el marco de la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones—.
La letrada del Partido Socialista sí respalda, en cambio, que declare el director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, al considerar que puede aportar detalles sobre la tramitación de los expedientes disciplinarios. Argumenta que esta persona conoce íntegramente el procedimiento, a diferencia de Santos Cerdán, a quien, según sostiene, solo se le remite la propuesta de resolución para que la firme.
Igualmente, plantea que acuda como testigo el instructor del expediente desde Ferraz y que se incorporen como prueba los audios de las ruedas de prensa ofrecidas por los demandantes o, si se impugna la admisión de dichas grabaciones, que estas se escuchen durante la propia vista oral.
Por último, la abogada del Partido Socialista reclama que no se repitan las declaraciones de quienes ya testificaron —como Bugallo y el personal eventual—, de modo que se tengan en cuenta sus manifestaciones en la vista donde se resolvieron las medidas cautelares solicitadas por los cuatro concejales para intentar frenar su expulsión del partido, una pretensión que la magistrada no acepta.
La jueza admite todos los testigos propuestos
Frente a la postura del Partido Socialista, la jueza da por buenos todos los testigos planteados por las partes y subraya que, en lo que respecta a Cerdán, resulta irrelevante si pertenece o no al partido, ya que se le cita en su condición de firmante de la resolución disciplinaria.
También entiende que el instructor de los expedientes puede explicar las razones que motivan la imposición de las sanciones y detallar el funcionamiento interno de estos procedimientos.
Sobre la petición de la abogada del PSOE de prescindir de la declaración de los cuatro demandantes, la magistrada recuerda que la vista de medidas cautelares tenía un objeto específico y limitado, aunque en ella se hablase de lo “divino y lo humano”.
De este modo, y para salvaguardar el principio de inmediación —regla procesal que exige la presencia directa y personal del juez en las audiencias y debates—, la jueza decide admitir todas las comparecencias propuestas.
Un conflicto interno iniciado en San Juan de 2024
La crisis en el PSOE local de Santiago se desencadenó el 24 de junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo municipal respaldaron en el pleno una ordenanza sobre viviendas turísticas en contra de la instrucción de la dirección local, que había fijado la abstención.
Aquel mismo día, festivo de San Juan en numerosas localidades de Galicia, la ejecutiva compostelana convocó una reunión para acordar el relevo de dos trabajadores del grupo municipal —la jefa de gabinete y el responsable de comunicación—, cambios que el entonces portavoz, Gonzalo Muíños, se negó a firmar y por los que fue sancionado con la suspensión de militancia durante 18 meses.
Tras ello, Muíños fue apartado de militancia y la dirección local decidió designar a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del Grupo Municipal y a Marta Abal como secretaria, citando a Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez a una reunión para ratificar dichos nombramientos. Las tres concejalas no acudieron al considerar que la convocatoria carecía de validez, lo que provocó la fractura total del grupo municipal y su posterior expulsión.
Después de solicitar sin éxito medidas cautelares para paralizar su expulsión, Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez interpusieron una demanda contra el PSOE en la que reclaman la anulación de las resoluciones disciplinarias y su reincorporación al grupo municipal socialista en Santiago.
