La Mesa del Senado ha dado luz verde a unas directrices internas para el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Cámara Alta, convirtiéndose en la primera institución parlamentaria española en contar con una regulación específica. El texto fomenta que los senadores empleen estas herramientas en el desempeño de su labor, siempre bajo principios éticos y jurídicos, entre ellos la supervisión humana y la protección de la privacidad.
Según recoge esta norma interna, se ordena el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial en la Cámara Alta “con el objetivo de incrementar la eficiencia y calidad de sus funciones constitucionales y de su gestión administrativa”.
Las directrices se aplicarán tanto a los senadores como al conjunto del personal que trabaja en el Senado. Su finalidad es promover la incorporación de la IA en la actividad diaria de la institución y fijar un marco de garantías, que incluye la supervisión humana, la privacidad, la protección de datos personales y la transparencia, entre otros aspectos.
En este marco, el Senado se ha dotado de unos criterios que regulan la compra y puesta en marcha de sistemas de IA que “maximicen” el respeto a los principios éticos, jurídicos y organizativos recogidos en el documento.
La norma también obliga a diseñar un plan de formación continua para todos los trabajadores de la Cámara Alta, con el fin de que puedan conocer y evaluar los riesgos y limitaciones de los sistemas de IA que utilicen, así como sus capacidades y funcionalidades.
Mientras el Congreso todavía no cuenta con unas reglas similares, sí ha puesto en marcha hace aproximadamente un mes un concurso para renovar su infraestructura tecnológica de virtualización y dotarse de una plataforma de inteligencia artificial, con un presupuesto base de 2,7 millones de euros.
¿Cómo se desplegará la IA?
La adquisición y el despliegue de nuevas soluciones de IA deberán contar con la supervisión de la Comisión de Seguridad de la Información del Senado. Antes de su implantación, se llevará a cabo, cuando proceda, una evaluación de impacto.
Los sistemas de IA que se utilicen en la Cámara deberán disponer de documentación técnica detallada, donde se explique la arquitectura, las fuentes de datos y los datos empleados para el entrenamiento, la lógica algorítmica, los mecanismos de corrección y las medidas de mitigación de riesgos.
La Cámara Alta formará perfiles técnicos especializados en IA dentro de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, y, cuando sea necesario, en otras áreas de la Secretaría General.
Salvedades: información reservada y protegida por derechos
El Senado establece que bajo “ninguna circunstancia” se incorporará a un sistema de IA información amparada por secreto parlamentario, incluso si se trata de una herramienta autorizada por la institución y alimentada con datos no públicos.
La información reservada por no ser todavía pública, así como la protegida por derechos de propiedad intelectual o industrial, no se introducirá en sistemas de IA públicos. Solo podrá cargarse en sistemas de IA autorizados por el Senado que operen con información no pública cuando sea estrictamente imprescindible y tras consultar a la persona superior jerárquica correspondiente.
La Secretaría General redactará un informe anual sobre el uso de la IA en el Senado, que se remitirá a la Comisión de Seguridad de la Información, se elevará a la Mesa de la Cámara y se publicará, cuando proceda, en el Portal de Transparencia del Senado. Este informe recogerá, entre otros elementos, los usos concretos, estadísticas, evaluación de los sistemas, incidencias detectadas y mejoras aplicadas.
Las directrices entrarán en vigor dentro de dos meses. En un plazo máximo de seis meses, todos los sistemas de IA ya operativos en el Senado deberán estar completamente adaptados a lo dispuesto en esta regulación.