QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El sindicato Jupol, predominante en la Policía Nacional, exigió este jueves al Ejecutivo español que establezca acuerdos de readmisión con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal para facilitar la ‘devolución automática’ de migrantes que ingresen de manera irregular.
En una nota difundida por Europa Press, Jupol señaló que esta acción contribuiría a desmantelar las organizaciones de migración ilegal, reduciría el ‘efecto llamada que incentiva los viajes clandestinos en condiciones extremas’ y aumentaría la seguridad nacional mediante ‘un control efectivo de los flujos migratorios’.
Para desarrollar esta política, el sindicato sugiere modelarla sobre un convenio previo entre España y Francia que dicta que ‘cualquier persona que entre en Francia de forma irregular y se acredite o presuma que llegó a la Unión Europea a través de España’ será ‘devuelta automáticamente’ a España.
La organización sostiene que el mismo criterio se debería implementar con los países africanos mencionados, permitiendo que cualquier individuo que arribe de forma irregular a España sea ‘readmitido’ en esos países ‘sin dilaciones ni trámites innecesarios’.
‘Cuando un cayuco que proceda de estos países o haya pasado por ellos sea devuelto de manera inmediata, se eliminará el incentivo para que las mafias sigan enviando embarcaciones abarrotadas y en condiciones inhumanas. Esto, lejos de ser una medida hostil, es una medida de protección de vidas humanas’, argumentó el sindicato.
FALTA DE RECURSOS
Jupol también resaltó que el modelo actual de manejo migratorio, ‘basado en la acogida sin retorno en la mayoría de los casos’, es ‘insostenible’ y ‘actúa como combustible del negocio criminal’.
Este enfoque incrementa la ‘presión operativa y emocional’ sobre los policías, ya que cada desembarco ‘implica una compleja cadena de actuaciones’ que incluyen el rescate y la recepción del barco en puerto, la identificación de los migrantes, la tramitación de expedientes, la custodia de las personas en situación irregular, la coordinación con los juzgados y servicios sociales y la vigilancia en centros de internamiento saturados.
Esta situación desemboca, finalmente, en una ‘falta crónica de recursos humanos y materiales’, lamentó el sindicato.
