Sindicatos de la Policía Nacional han mostrado su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de migrantes acordada entre PSOE y Podemos, una medida que vinculan a un “cálculo político” y que, según denuncian, se ejecutará “sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad”. Al mismo tiempo, alertan de un posible “efecto llamada” y de que la iniciativa suponga un “balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos”.
“Es una regularización masiva sin medios, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad”, ha sostenido el SUP en un comunicado en el que lamenta que el Gobierno “traslada toda la carga a la Policía y agrava la presión en fronteras y servicios ya saturados”.
El SUP critica la “absoluta irresponsabilidad” que, a su juicio, implica este acuerdo para una regularización extraordinaria que podría alcanzar a unas 500.000 personas residentes en España, tal y como avanzó este lunes la eurodiputada de Podemos Irene Montero.
Este sindicato subraya que “no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. “Advertimos también del efecto llamada directo e inmediato que generan este tipo de anuncios”, ha continuado el SUP, que, al igual que otras organizaciones, reprocha a Podemos sus acusaciones genéricas a la Policía de “racismo institucional”.
“El resultado es siempre el mismo: beneficio para las mafias que trafican con seres humanos y abandono institucional de la Policía”, ha terciado el SUP.
Colapso en Extranjería y problemas operativos
Jupol, por su parte, ha avisado del “colapso” en las unidades de Extranjería y de los “riesgos operativos de una regularización masiva sin refuerzo policial” en un comunicado en el que expresa su “seria preocupación por el impacto operativo y funcional” de esta decisión.
Según explica, “la tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán, principalmente, sobre unas unidades de Extranjería que ya se encuentran saturadas en la mayor parte del territorio nacional”.
Jupol incide además en que uno de los requisitos sea la inexistencia de antecedentes penales firmes. “Una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse”, ha apuntado.
“Decisiones como esta suponen un auténtico balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos”, ha añadido.
Críticas a una medida alejada de la estrategia europea
Otro de los sindicatos policiales, CEP, también ha valorado la regularización masiva, subrayando la ausencia de consenso político. “El Gobierno rompe dos décadas de consenso sobre regularización de inmigrantes y decide aprobar una reforma que perjudicará gravemente la lucha policial contra las mafias”, ha apuntado, añadiendo que sitúa a España “frente a la estrategia impulsada por Europa en esta materia”.
“La elección de una u otra ruta de llegada a Europa está relacionada con las oportunidades que el país de acogida ofrezca para garantizar el objetivo final de cualquier inmigrante que, lógicamente, es permanecer en suelo europeo de forma permanente”, ha avisado.
El sindicato CEP ha vinculado la iniciativa con la necesidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de “restaurar” sus apoyos parlamentarios. “Esta medida nos aleja del consenso europeo sobre la gestión de flujos migratorios basada en el orden y la previsibilidad, en la firmeza frente a las mafias y en evitar cualquier mensaje que pueda ser utilizado como efecto llamada”, ha concluido.