La plataforma que integra a una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil ha mostrado este miércoles en Bruselas su apoyo a la directiva europea promovida por el PP para “armonizar” la edad de jubilación mediante el reconocimiento de la profesión de riesgo, así como para que las agresiones a los agentes pasen a ser consideradas 'eurodelitos'.
En una nota pública, la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial —en la que se encuentran organizaciones como SUP, AUGC, SPP o Unión de Oficiales, entre otras— ha reclamado que se incluya a policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras entre los colectivos catalogados como profesión de riesgo, tal y como plantea el PP europeo.
“Las profesiones de seguridad se enfrentan a riesgos crecientes y excepcionales, derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las nuevas amenazas híbridas”, ha señalado la plataforma.
Reclamo para corregir desigualdades
El colectivo policial denuncia que continúan las “importantes desigualdades entre los Estados miembros”, y subraya que en España también se dan diferencias entre policías autonómicas y locales frente a la Policía Nacional y la Guardia Civil en materias como la edad de jubilación, la jornada laboral o la cobertura médica y psicológica.
Además de esta plataforma, Jupol y Jucil se han desplazado igualmente a Bruselas para respaldar la iniciativa europea. “No basta con considerar que nuestro trabajo es peligroso: es imprescindible que ese riesgo sea reconocido de forma homogénea en toda la Unión Europea y tenga consecuencias reales en protección, salud y retribuciones”, han afirmado.
Jupol ha registrado un paquete de once enmiendas técnicas al borrador de directiva con el fin de que, entre otros puntos, el reconocimiento del riesgo conlleve una compensación económica mediante la creación de un “Complemento Europeo Mínimo por Riesgo de entre el 15% y el 25% de las retribuciones básicas”, que pretende que se aplique a todos los agentes en condiciones de igualdad.
Impacto del caso Barbate y debate en la UE
Esta reivindicación cobró fuerza en el Parlamento Europeo tras la visita de una delegación de eurodiputados al sur de España para estudiar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, especialmente después de la muerte de dos guardias civiles en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) durante una operación contra el narcotráfico.
Fruto de esa misión, la comisión de Peticiones aprobó en noviembre un informe en el que instaba a avanzar en el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo a escala comunitaria y a analizar la posibilidad de que las agresiones contra agentes sean consideradas “eurodelitos”.
Sin embargo, en un debate celebrado en septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea avisó de los obstáculos legales para una reforma de este alcance, recordando que el artículo de los Tratados que fija la lista de eurodelitos se refiere a delitos especialmente graves —como terrorismo, crimen organizado o narcotráfico— y con dimensión “transfronteriza”, algo de lo que, según el Ejecutivo comunitario, carecen las agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad.
Discusión abierta en España
Paralelamente, la discusión continúa en el ámbito nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo recientemente en el Congreso que el Gobierno está trabajando en la aplicación a policías nacionales y guardias civiles de factores de corrección que permitan adelantar la edad de jubilación, aunque puntualizó que la figura de “profesión de riesgo” no existe como tal en el ordenamiento jurídico español.
Mientras tanto, las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales mantienen sus exigencias para que se reconozca de forma expresa el carácter de riesgo del trabajo policial y se endurezcan las penas por agresiones a agentes, unas demandas que ahora se proyectan también en el plano europeo.