En lo que va de legislatura, el Congreso ha desarrollado tres reformas de calado de su Reglamento: una para introducir el uso de lenguas cooficiales, otra para adaptarlo al lenguaje inclusivo y una última para regular la concesión de acreditaciones de prensa y ampliar los supuestos de voto telemático. Todas ellas han sido aprobadas con los votos de las fuerzas en el Gobierno (PSOE y Sumar) y los de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Tras el cierre del periodo para registrar enmiendas de la proposición de reforma del Reglamento para regular la relación de los lobbies con la Cámara Baja, la pregunta inevitable es, ¿con qué apoyos se quiere sacar adelante?
Dados los precedentes, la respuesta parecería obvia. No obstante, el PP, que se ha opuesto a las modificaciones del Reglamento ya aprobadas, se abstuvo en la toma en consideración de la propuesta para regular la actividad de los grupos de presión con el personal del Congreso. Los populares no estarían cerrados a negociar la nueva norma y han registrado 27 enmiendas al texto del Grupo Socialista sobre los lobbies con el fin de mejorar la norma.
Sin embargo, el Grupo Popular también ha metido 13 enmiendas sobre otros aspectos del Reglamento, muchas de ellas ya vetados por la Mesa (con mayoría de PSOE y Sumar) en la reforma del lenguaje inclusivo, que de repetirse ahora de nuevo abocaría a un choque entre el PP y los socialistas.
Con la posición del Partido Popular en el aire, la vía más probable sería la de contar con los socios parlamentarios del Ejecutivo, además de la reserva de lo que pueda hacer Junts, que en estos momentos tiene registradas enmiendas a la totalidad de devolución a buena parte de las iniciativas legislativas del Gobierno, PSOE o Sumar en el Congreso. Así las cosas, ¿cuál es la posición de los socios y Junts respecto a la regulación de los lobbies en la Cámara? ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Junts son las formaciones que han presentado enmiendas a la proposición de los socialistas. Estos son los cambios que piden:
Más excepciones al ‘lobby’
En consonancia con lo propuesto en sendas enmiendas presentadas al Proyecto de ley de transparencia de los grupos de interés, la conocida como Ley de lobbies, también en tramitación en el Congreso y por la que se quiere regular la actividad de influencia sobre la Administración General del Estado (AGE) y su sector público, Junts y BNG han registrado propuestas que relajan en gran medida el alcance de la regulación del lobby en el Congreso.
Los independentistas catalanes reescriben la definición de actividad de influencia (enmienda nº 21) para añadir que esta «se realice de manera profesional» y que se despliegue sobre miembros o empleados públicos del Congreso o de los grupos parlamentarios «susceptibles de recibir influencia».
Hay dos enmiendas de los nacionalistas gallegos que van en este sentido. La nº 18 reclama que para ser grupo de interés haya detrás una intención de «lograr un beneficio económico, un lucro o una mejora legislativa que favorezca la situación económica o patrimonial» para el lobbista o para la persona u organización a la que represente. En otro paso más por acotar lo que se entiende por grupo de presión (enmienda nº 19), el BNG limita su ámbito de actuación a la «elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas» y pide excluir cualquier otro tipo de iniciativas parlamentarias.
Otros que diluyen la fiscalización sobre los grupos de presión son PNV, ERC y Bildu. En el caso de los nacionalistas vascos, eximen de la obligación de inscribirse en el Registro de grupos de interés (enmienda nº 12) a «las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica» cuando su interlocución con miembros o personal de la Cámara o de los grupos parlamentarios sean ocasionales, de forma «no profesional, sin ánimo de lucro» y cuando el objeto de la comunicación no sea una iniciativa legislativa.
ERC y EH Bildu solicitan (enmienda nº 17) que no se considere grupo de interés a «los grupos, organizaciones, agentes o asociaciones que ejerzan la actividad o representación colectiva sin ánimo de lucro», así como a «los grupos, organizaciones, agentes o asociaciones de naturaleza social o asociativa sin vínculo profesional o empresarial», lo que dejaría fuera a ONGs, fundaciones y otras figuras del tercer sector, algo muy similar a lo recogido en la enmienda nº 20 del BNG.
Adiós a la prohibición indefinida de inscribirse
Otra rebaja de la norma por parte del PNV es la de su enmienda nº 9 por la que quieren dejar en tres años el tiempo máximo por el que un grupo de interés o cualquier persona que actúe en su representación puedan estar suspendidos de inscripción, frente a los 10 años de la propuesta original para el caso de infracciones graves. Desaparecería también la prohibición indefinida de inscribirse en el Registro prevista para infracciones muy graves.
Ampliaciones a la prohibición de ejercer como ‘lobbista’
Los límites al ejercicio de la actividad de influencia establecidos en el Código de conducta de los grupos de interés propuesto por el PSOE son también objeto de enmienda por los socios del Gobierno.
En el caso del PNV se plantea (enmienda nº 15) que el periodo de incompatibilidad de dos años para altos cargos del Ejecutivo se extienda a todos los sujetos incluidos en el artículo 3 del proyecto de ley de lobbies. Esto afectaría también al personal de confianza o asesores de los gabinetes de ministros y secretarios de Estado, el personal directivo público y al resto del personal de la AGE y su sector público institucional que participe en la toma de decisiones públicas, procesos de elaboración de normas y en la ejecución de políticas públicas.
Por parte de ERC y EH Bildu, se pide ampliar el periodo de espera para hacer de lobbista ante el Congreso para altos cargos, diputados y senadores, de forma que tengan que tengan que transcurrir cuatro años desde su cese frente a los dos de la propuesta original.
Menos responsabilidad para diputados y grupos
Dos de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) trasladan a los grupos de interés o a sus representantes obligaciones que la regulación planteada por el PSOE asigna a los diputados y sus grupos parlamentarios.
La enmienda nº 3 de los nacionalistas desplaza hacia los lobbistas la responsabilidad de dejar constancia en el Registro de grupos de interés de las comunicaciones, en el ejercicio de la actividad de influencia, con los miembros o empleados públicos del Congreso o de los grupos, así como del objeto, el contenido de esas interlocuciones y copia de la documentación presentada en las mismas. La redacción de la enmienda suprime la mención explícita a la obligación de difundir la identidad de las personas «que han entablado la comunicación, las fechas y las materias».
De igual forma, la formación jeltzale traslada las obligaciones de publicidad anteriores a las corporaciones de derecho público, las representaciones diplomáticas de otros Estados y las organizaciones internacionales, o sus representantes, así como a las personas no obligadas a registrarse como grupo de interés que mantengan «cualquier tipo de interlocución con diputados o los grupos parlamentarios» (enmienda nº 12).
Además, el PNV incluye la posibilidad de que se solicite que el contenido de cierta documentación sea reservado «por motivos económicos, comerciales, de secreto profesional, de propiedad intelectual o industrial», entre otros motivos, una solicitud que será resuelta por la Presidencia de la Cámara. En la misma línea, su enmienda nº 13 añade entre los principios del Código de Conducta de los grupos de interés el de confidencialidad.