QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, Los Comunes han exigido al Gobierno que ‘por su evidente interés público’ revele la información confidencial sobre la posible conexión de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). García es investigado por presuntamente beneficiarse de una red de corrupción creada desde el Ministerio de Transportes.
Gerardo Pisarello, diputado de Los Comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, ha presentado varias preguntas al Gobierno relacionadas con las distinciones, los contactos institucionales y la posible protección de altos cargos policiales hacia Koldo García, quien fue indultado por el Gobierno de José María Aznar y condecorado por el ministro Juan Ignacio Zoido antes de la caída del gobierno de Mariano Rajoy.
Asimismo, Pisarello pide al Gobierno de coalición claridad sobre las noticias que identifican a Koldo García como presunto colaborador de la Guardia Civil. Las indagaciones desean esclarecer el papel de altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la otorgación de la Cruz Blanca de la Orden del Mérito a García en 2018, los méritos justificados para tal distinción y los contactos, tanto oficiales como no oficiales, mantenidos con el exasesor entre 2018 y 2023.
UN PROBLEMA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL
Según un informe de Europa Press, las investigaciones judiciales y los informes policiales sugieren que durante la pandemia operó una organización criminal obteniendo contratos públicos a cambio de sobornos multimillonarios, y señalan la ‘penetración institucional’ que habría logrado la red ‘gracias a los vínculos de García con mandos policiales y militares’, como él mismo ha mencionado en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales.
‘La existencia de estos vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre el que podría ser el principal corruptor de la trama y miembros de las FCSE genera un problema de confianza institucional y de legitimidad democrática, más aún cuando buena parte de esa información está protegida bajo la Ley de Secretos Oficiales, al tratarse de relaciones con miembros del servicio’, afirmó Pisarello.
El diputado de Sumar subraya que los ciudadanos tienen derecho a saber ‘si hubo protección institucional encubierta y si se usaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas por parte de quien hoy es el epicentro de un escándalo político de primer orden’.
