La entidad denominada Asociación Equiparación Real ha iniciado un proceso administrativo ante el Ministerio del Interior, solicitando que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean catalogadas como profesiones de riesgo. Esta acción es el preludio necesario antes de emprender acciones legales civiles con el objetivo de eliminar la ‘discriminación inaceptable’ que sufren en comparación con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y los cuerpos de policía local.
Según la asociación, este reconocimiento implicaría un desembolso aproximado de 1.000 millones de euros y está respaldado por un análisis técnico realizado por el bufete Durán & Durán Abogados, quienes destacan que esta es la ‘primera demanda’ en su tipo que busca establecer un plazo para la ejecución de dicho reconocimiento.
ENFOQUE GLOBAL DE LA DEMANDA
El enfoque de la demanda, según la Asociación Equiparación Real y Durán & Durán Abogados, es innovador ya que representa específicamente a miembros de la Policía y Guardia Civil, tanto los que están bajo la Seguridad Social como aquellos en el régimen de clases pasivas. La iniciativa se fortalece con la sentencia 596/2025 del Tribunal Supremo, que reconoció la disparidad parcialmente. Ante una posible negativa del Ministerio, se considerará la opción de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En palabras de los representantes, es inconcebible que ‘un policía local en Barbate que combate el narcotráfico pueda jubilarse antes o recibir una pensión superior en unos 700 euros en comparación a un policía nacional o un guardia civil que enfrenta similares desafíos en la misma localidad’, resumen las quejas.
TAMBIÉN RECLAMAN LA EQUIPARACIÓN SALARIAL
Bajo la presidencia de Eliud Vega, y con el respaldo de 22.000 agentes, la asociación ya había presentado hace un año una petición para la equiparación salarial real. Esta demanda se suma a otras iniciativas desde 2017, culminando en un acuerdo firmado en 2018 durante el gobierno del PP, que fue ejecutado por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska tras la moción de censura que posicionó a Pedro Sánchez en el poder, proporcionando un aumento salarial promedio del 38%, según los cálculos de la asociación.
La plataforma Jusapol, y sus derivados Jupol y Jucil, han rechazado dicho acuerdo por considerarlo insuficiente, mientras que otras organizaciones sindicales demandan el reconocimiento como profesión de riesgo y la aplicación completa del acuerdo, incluyendo medidas para evitar futuras disparidades salariales con respecto a las policías autonómicas.