La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por el Consejo de Ministros este martes ha generado tensiones dentro del Gobierno. Sumar ha declarado que no respaldará esta ley en el Congreso si se mantiene la restricción a la acusación popular, tal como se propone en el texto actual.
En una declaración pública emitida este martes, Sumar ha manifestado su oposición a la limitación del derecho a ejercer la acusación popular, que afectaría a asociaciones, sindicatos y entidades civiles. La formación política ha comunicado su desacuerdo al PSOE, partido mayoritario en el Gobierno.
El partido minoritario en el Gobierno ha sostenido que, históricamente, la acusación popular ha sido crucial para que la sociedad civil supervise los excesos del poder económico y político. Adicionalmente, ha subrayado la importancia de incluir en la nueva legislación mayores salvaguardas de los derechos fundamentales y el fomento del uso de las lenguas cooficiales del país.
Por estos motivos, Sumar ha expresado su rechazo a las actuales restricciones propuestas y ha anunciado que luchará para reforzar este mecanismo y añadir más cláusulas de protección en la normativa durante su tramitación en el Congreso.