Sumar y las formaciones que le acompañan en el Congreso han reaccionado con dureza a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, calificando el fallo de “escándalo” y de “auto de fe” de “puro estilo inquisitorial”. La coalición denuncia que el Alto Tribunal está actuando de forma desproporcionada contra García Ortiz y alerta de las consecuencias institucionales de esta resolución.
Desde la cuenta oficial de Movimiento Sumar en la red social Bluesky, la formación ha difundido un mensaje en el que sostiene que “Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia”. El espacio liderado por Yolanda Díaz interpreta así que el fallo responde a presiones de determinados sectores de poder.
En paralelo, el dirigente de los Comunes y eurodiputado Jaume Asens ha publicado en ‘X’ su rechazo al criterio del Supremo, cuya resolución se ha hecho pública este martes. A su entender, el núcleo del caso reside en que la filtración sobre la causa que afecta al empresario Alberto González Amador se atribuye al “fiscal o alguien de su entorno”, una formulación que considera jurídicamente insostenible.
Asens incide en que “Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial”, cuestionando que el tribunal pueda dictar condena sin identificar con precisión al responsable de la filtración.
También el diputado de Compromís integrado en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha mostrado su malestar con la decisión del Supremo. A su juicio, el razonamiento del fallo se resume en que “has sido tu o alguien de tu entorno”. “O nos lo inventamos, pero vas pa’lante. Escándalo. Sin Estado de Derecho”, ha remachado, denunciando que la resolución erosiona las garantías propias de un sistema democrático.











